Perú post-SIN - I

¿Se ha puesto a pensar Usted qué ha sido de todo el personal y de los equipos de espionaje telefónico que centralizó Vladimiro Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)? ¿Se ha puesto a pensar Usted quién o quiénes son los que controlan aquellos recursos humanos y materiales después del desmantelamiento de este órgano? ¿Sabe a quién o a quiénes responden ahora?

Los colapsos de los sistemas de partidos y de los regímenes autoritarios tienen algunas cosas en común: sus principales activos terminan siendo atomizados y fragmentados, se desarticulan, pero no desaparecen. Así como la caída de los partidos dejó a sus miembros y dirigentes sueltos en plaza (que terminaron reproduciendo movimientos independientes, que en realidad son una suerte de pymes políticas), los operadores del aparato de control y espionaje del gobierno fujimorista, a la caída de éste, han transitado similares destinos. Se han articulado de manera fragmentada en “services de inteligencia” (u otros similares) y han puesto sus servicios a disposición del mejor postor, desde inversionistas privados, bancos y financieras, mineras, medios de comunicación y políticos. La evidencia que nos proporciona PetroAudios (el caso y el libro) es sólo la punta del iceberg de cómo se hace política en el post-fujimorismo, de cómo es el Perú post-SIN.

Este tipo de empresas terminan jugando roles claves en la toma de decisiones, ya que ofrecen servicios que lindan con el delito (muchas veces pasando los límites de lo permisible, claro está) y que justifican medidas represivas. En una década caracterizada por los conflictos entre intereses privados de grandes empresas extractivas y de organizaciones sociales incapaces de mediar las demandas sociales, el manejo de la información y las “medidas de control social” (sic) resultan claves para la definición de los desenlaces, como sucede a menudo con los conflictos sociales. Ante la imposibilidad del diálogo y la negociación, básicamente por ausencia de intermediación estatal, la oferta de servicios de espionaje y de represión resulta atractiva para tomadores de decisiones que desconocen la lógica social y política de los espacios donde operan sus intereses. Azuzando los temores --como el miedo que meten las Farc o el Chavismo continental--, se justifica la contratación de services de “seguridad de la información”, y las reuniones de los comités de directorio de empresas privadas caen ante la seducción de las exposiciones de marinos en retiro especialistas en vender conspiraciones y prometer “estrategias de defensa” que terminan en un balazo en la pierna a algún dirigente social (caso real).

El escándalo de los PetroAudios debe servir para pensar en medidas efectivas para controlar las consecuencias de este tipo de prácticas. La privatización de los servicios de espionaje y de manejo de la información no sólo genera casos de corrupción, sino el predominio de medidas represivas en la relación entre inversiones privadas y los ciudadanos afectados por ellas. Si un minero asume a un ex agente como su asesor en temas sociales, creo que tendremos mayores y más serios desencuentros (por decirlo del modo menos duro). El Perú post-SIN no sólo está en la suite de Canáan, sino también en la comunidad más alejada de las ciudades, ahí donde el espionaje vale quizás tanto como el oro que se extrae de esas tierras.

Pd. Recomiendo el post de Godoy sobre el tema y el adelanto del libro de Gorriti (foto del post) que ofrece Ugaz.