Un sector importante del periodismo ha criticado el Informe Final de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua. Se le considera "fallido e incompleto" (Godoy) y que ha "licuado testimonios" (Fowks) para favorecer la versión oficialista. De acuerdo con estas críticas, el informe no aclara los sucesos del 5 de junio ni toma en cuenta varios testimonios. Otros lo consideran inclusive como escrito específicamente para encubrir "masacres y genocidios". Aunque creo que algunas de estas críticas tienen asidero, otras parten de excesivas expectativas que sesgan la evaluación del documento.
Este informe -como cualquier otro, como el de la CVR- tiene inevitables sesgos. Pocos recuerdan que es un informe ¡del Ejecutivo! Pero sólo se han señalado los sesgos políticos que erróneamente el gobierno ha impulsado para zafar cuerpo de su responsabilidad. No se ha reparado en las deficiencias propias de una investigación de un mandato limitado (¿cuatro meses?) que además tenía que sobrellevar las burocracias propias de una comisión gubernamental, las discrepancias internas, la presión política nacional e internacional, y las críticas que aparecieron antes de hacerse pública la versión final. Del mismo modo, las limitaciones metodológicas se ven agudizadas por el hecho de que sólo se realizaron -entiendo- dos viajes a la zona, insuficientes para un informe elaborado desde Lima. Con ello no quiero justificar la debilidad del documento, pero sí ponerlo en su real magnitud.
El esclarecimiento de los hechos pasa primero por el restablecimiento de la confianza -si alguna vez la hubo- y ambas son metas que no se resuelven de un día para otro. Creo que un elemento importante y que futuros esfuerzos por esclarecer los sucesos deberán tomar en cuenta es la desconfianza que tiene la población involucrada. Luego de dos viajes a Bagua, he comprobado la ausencia de intermediadores confiables para la población indígena. Los sucesos han generado un lógico rechazo de parte de la ciudadanía local a las autoridades gubernamentales (comisiones incluidas). Se han sentido traicionados por un Estado que no sólo debe garantizar el orden, sino también proteger a sus miembros. Un nativo ex combatiente del Cenepa lo expresa claramente: "Ni con la guerra con el Ecuador tuve tanto miedo...". La distancia propia de los códigos culturales distintos se acrecienta luego del enfrentamiento, y del hecho de que ni el Ejecutivo ni la oposición buscan tender puentes para reconstruir la confianza. La crítica radical e insensata agudiza los desencuentros. Ante este divorcio, se corre el riesgo de medidas más radicales. La caracterización por parte de AGP de la defensa nativa como "paramilitar" ha sido tomada como exagerada, pero podría alertar sobre riesgos mayores: la posibilidad de una población que ante el enfrentamiento con el Estado busca protegerse por sus propios medios.
Este informe -como cualquier otro, como el de la CVR- tiene inevitables sesgos. Pocos recuerdan que es un informe ¡del Ejecutivo! Pero sólo se han señalado los sesgos políticos que erróneamente el gobierno ha impulsado para zafar cuerpo de su responsabilidad. No se ha reparado en las deficiencias propias de una investigación de un mandato limitado (¿cuatro meses?) que además tenía que sobrellevar las burocracias propias de una comisión gubernamental, las discrepancias internas, la presión política nacional e internacional, y las críticas que aparecieron antes de hacerse pública la versión final. Del mismo modo, las limitaciones metodológicas se ven agudizadas por el hecho de que sólo se realizaron -entiendo- dos viajes a la zona, insuficientes para un informe elaborado desde Lima. Con ello no quiero justificar la debilidad del documento, pero sí ponerlo en su real magnitud.
El esclarecimiento de los hechos pasa primero por el restablecimiento de la confianza -si alguna vez la hubo- y ambas son metas que no se resuelven de un día para otro. Creo que un elemento importante y que futuros esfuerzos por esclarecer los sucesos deberán tomar en cuenta es la desconfianza que tiene la población involucrada. Luego de dos viajes a Bagua, he comprobado la ausencia de intermediadores confiables para la población indígena. Los sucesos han generado un lógico rechazo de parte de la ciudadanía local a las autoridades gubernamentales (comisiones incluidas). Se han sentido traicionados por un Estado que no sólo debe garantizar el orden, sino también proteger a sus miembros. Un nativo ex combatiente del Cenepa lo expresa claramente: "Ni con la guerra con el Ecuador tuve tanto miedo...". La distancia propia de los códigos culturales distintos se acrecienta luego del enfrentamiento, y del hecho de que ni el Ejecutivo ni la oposición buscan tender puentes para reconstruir la confianza. La crítica radical e insensata agudiza los desencuentros. Ante este divorcio, se corre el riesgo de medidas más radicales. La caracterización por parte de AGP de la defensa nativa como "paramilitar" ha sido tomada como exagerada, pero podría alertar sobre riesgos mayores: la posibilidad de una población que ante el enfrentamiento con el Estado busca protegerse por sus propios medios.
Publicado en Correo, 16 de Enero del 2010.
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