Compra de votos en Colombia

Laura lleva una lista de nombres con sus respectivas cédulas de identidad. Es un cuadernillo de más de 10 páginas. Felipe constata que los ciudadanos de esas listas estén registrados en la respectiva jurisdicción. Luego de verificar, el 70% lo está. Felipe le entrega 50 mil pesos (aproximadamente 25 dólares) por cada registro correcto y cierran el trato confiando en que aquellos nombres se traduzcan en votos para el candidato a la Cámara de Representantes para quienes trabajan, y a quien se refieren con el seudónimo de "Fredy A". Esta es una escena frecuente en Colombia durante las campañas electorales, y evidencia el nivel de profundización del clientelismo en el sistema político.

De acuerdo con encuestas nacionales, el 7% de encuestados han recibido el ofrecimiento de dinero a cambio de su voto. La proximidad de las elecciones parlamentarias de este domingo, en el que más de 2,500 políticos compiten por 268 escaños, genera diversos tipos de estrategias para conquistar al elector. Podemos clasificar dichas estrategias en tres: las que apelan a propuestas de gobierno (partidistas y/o ideológico), las clientelares (la extensión de la compra de votos de parte de todas las fuerzas políticas es abrumadora), y las personalistas (que apelan a rasgos personales de los candidatos, lo que denominan "voto de opinión", cuyo extremo sea quizás una candidata del Partido de la U que ha prometido desnudarse si sale elegida este domingo).

Tradicionalmente el clientelismo es una práctica frecuente en América Latina, y especialmente en Colombia. Los partidos políticos tradicionales (el Partido Conservador y el Partido Liberal) forjaron en cierta medida sus identidades políticas en base al mantenimiento de clientelas y prebendas. Sin embargo, en un contexto de conflicto interno, y con la existencia de recursos provenientes del narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo, la compra de votos --ya de por sí una actividad ilícita- toma connotaciones de alto riesgo para la gobernabilidad del país. No sólo involucra un intercambio pragmático, sino que supone la pérdida de libertades individuales esenciales. La compra de votos viene de la mano de amenazas, coerciones, y en zonas de conflicto, más que el voto, está en juego la vida de los ciudadanos.

Sin embargo, el "sistema" subsiste, los partidos ganan elecciones, Uribe acata la decisión de la Corte Constitucional y se va a su casa, las instituciones se mantienen vigentes, nadie habla de asambleas constituyentes ni reformas sustanciales. Pero sólo un poco más del 50% de colombianos acuden a las urnas, y muchos de los que lo hacen son movilizados por el tipo de clientelaje y coerción que hemos descrito. ¿Cómo discutir la calidad de la representación política y de la democracia bajo este contexto? Pregunta existencial para democracias como las nuestras.

Publicado en Correo, 13 de Marzo del 2010.