Oposición sin partidos

Los analistas “independientes” como oposición al oficialismo

No hay democracia sin oposición. Sin un sector político que equilibre los ímpetus oficialistas, que haga preguntas incómodas, que modere los excesos del poder sobre todo cuando las tentaciones autoritarias acechan la política peruana desde hace mucho tiempo. La oposición representa a los discordantes, a las dudas razonables, a los que no siguen el tono de las mayorías. Pero, ¿qué sucede cuando no existe una oposición organizada presta a discutir constructivamente las iniciativas del Gobierno? ¿Cuáles son los riesgos de la ausencia de una oposición sin capacidad de ponerle al Gobierno otras alternativas al curso político que plantea? ¿Qué pasa cuando no solo no hay partidos, sino cuando no hay partidos de oposición?

El inicio del gobierno de Ollanta Humala ha agarrado sin piso a quienes deberían ocupar los roles de antagonistas. El fujimorismo se abstiene o calla estratégicamente en temas en los que no le conviene levantar polvareda (la libertad de Antauro Humala). Mientras no se toque severamente el modelo económico, la derecha se queda tranquila. En temas especializados simplemente parecen no tener siquiera un punto de vista definido. Las críticas se reducen a cuestionar nombramientos o a hacer bulla sobre iniciativas de las que podrían sacar provecho propio (como el Pleno Descentralizado en Ica). Pero ya que en política no hay vacios, estos terminan siempre siendo llenados. Es así como periodistas y analistas pasan de simples comentaristas de la realidad a activos protagonistas del devenir político. Las consecuencias, evidentemente, son perjudiciales por más que vengan con buenas intenciones.

El debate en torno a la erradicación de los cultivos ilegales de coca es un claro ejemplo del poder que terminan teniendo algunos opinantes. La “oposición” en este tema ha recaído en los embates que Fernando Rospigliosi y Jaime Antezana han procurado sobre cada paso (algunos en falso) del oficialismo. ¿Cuál es la legitimidad política que pueden tener los argumentos de estos especialistas en materia de seguridad? ¿Por qué un experto “independiente” tendría que pasar a tener un rol más activo y ponerse frente al Gobierno a reclamarle cara a cara sus medidas? Para algunos se trataría de ser simplemente coherentes con sus propios principios, para otros sería el resultado de años de consultorías bien pagadas que engordan sus billeteras. Para el punto que propongo, estas razones no importan centralmente. El tema de fondo es la representatividad y la legitimidad de estas voces. ¿Por qué no canalizan sus válidas posiciones a través de representación política? Al ser sus motivaciones poco transparentes, terminan levantando sospechas sobre el origen de sus argumentos, debilitando lo que podrían ser legítimas propuestas.

Existen muchos analistas que inundan las pantallas y las páginas políticas con posiciones que maquillan como argumentos neutrales e independientes, cuando en realidad obedecen a intereses más mundanos. ¿Usted sabe cuántos ‘caseritos’ de los programas políticos que usted consume son además consultores privados de políticos, reciben desde hace años sueldos del Estado (por ejemplo, como asesores de entes reguladores), o pertenecen a consejos consultivos de sectores estratégicos del Gobierno? No hay problema que lo sean, pero sí que no lo digan al momento de vendernos su gran aporte a la comprensión de la realidad nacional. Si fuera así, sabremos con qué pie patea, y el ciudadano podría evaluar con mejores elementos el “análisis” que consume.

Publicado en Correo Semanal, 15 de Setiembre del 2011.