La reelección presidencial

Proponer la posibilidad de una reelección presidencial inmediata parece una injuria en nuestro ambiente político. El pasado reciente de manipulación autoritaria de esta regulación por Alberto Fujimori (y esa costumbre nacional de legislar con nombre propio) ha envilecido una regla democrática con virtudes que paso a enumerar.

Este tipo de reelección explicita un principio básico del juego democrático: la posibilidad de premiar y castigar al gobernante. Así, el mandatario tiene incentivos no solo para realizar una buena gestión, sino además para cumplir las promesas electorales que lo llevaron al gobierno. Es decir, se establece un mecanismo de rendición de cuentas que sustenta la representación política.

Por otro lado, de concretarse una reelección, hay mayores oportunidades para el aprendizaje político, no solo de las élites, sino también de los cuadros y miembros del grupo oficialista que llegan al poder para ocupar puestos de confianza. Los funcionarios públicos con más experiencia –qué duda cabe—son aquellos que han pasado por más de un periodo gubernamental.

Desde que se canceló la reelección presidencial inmediata en el Perú (2001), los presidentes de turno han atravesado dificultades para mantener una alta popularidad. Al no existir una exigencia formal de responder por sus medidas ante la ciudadanía (o al menos ante su electorado), fácilmente abandonan sus “causas” originales, “traicionan” expectativas y ahondan la desconfianza ciudadana en la vía electoral como el mecanismo por el cual se elige a quienes llevarán adelante las demandas e ideales de los votantes.

Ni Toledo ni García auspiciaron candidaturas propias (provenientes de sus emblemas políticos al menos) que los sucedan eventualmente en el poder. Sus bancadas parlamentarias apenas mantuvieron la inscripción (no es casual la baja tasa de reelección congresal) y el personalismo se acentuó al interior de cada respectivo proyecto político. El nacionalismo de la dupla Humala-Heredia busca, aparentemente, cambiar la historia con la potencial candidatura presidencial de la actual primera dama.

Si bien es cierto que el gobierno tendría que adulterar las reglas de juego para legalizar la candidatura de Heredia, plantearse esa posibilidad (reconocida públicamente o no) lo hace una gestión más receptiva a conquistar el apoyo popular, con una perspectiva de largo plazo y con ratings de aprobación que mejoran cada vez que se discute la reelección de la pareja presidencial.

La tentación autoritaria y clientelar es el mayor riesgo. Sin embargo, la experiencia debería servirnos para neutralizar los efectos negativos de la reelección sucesiva, no para descartar un mecanismo institucional que potencialmente puede fortalecer a partidos en permanente sequía de cuadros sin experiencia y militancia sin ambición. Quizá la fórmula de una reelección con periodos recortados a cuatro años sería ideal para evitar “atornillamientos” en el poder. En todo caso, es una reforma que amerita plantearse en serio para los próximos años, más allá de la hipotética candidatura de Heredia, que, de prosperar, le haría un severo daño a la institucionalidad y el respeto a las normas en nuestro país.

Publicado en El Comercio el 18 de Diciembre del 2012.