Bagua: presentes y ausentes

El Informe Final de la Comisión del Ejecutivo sobre los sucesos de Bagua identifica actores cuya presencia y participación fueron determinantes en los actos de violencia. El desborde de la legítima protesta se explica como la distorsión de la agenda indígena debido a la multiplicidad de participantes, con intereses y demandas de distinta magnitud. El Informe señala a los siguientes involucrados: congresistas Nacionalistas, ronderos, reservistas del Ejército, SUTEP, Frente de Defensa de Bagua, medios de comunicación y dirigentes nativos. La imposibilidad de identificar con nombre propio a los dirigentes o “azuzadores” (salvo el caso de los miembros del Partido Nacionalista) es sintomática del tipo de conflictividad social de nuestro país.

Ya no es un secreto la debilidad orgánica de las representaciones sociales. No existe partido, sindicato, gremio, organización social que tenga una estructura interna con liderazgos claros y canales de comunicación efectivos entre sus dirigencias y sus bases. La imprecisión con la que se indica a los actores (“ronderos, reservistas”) da cuenta de demandas particularistas, de una sociedad fragmentada, y de la ausencia de liderazgos responsables y legítimos que den la cara antes y después, capaces de movilizar a las masas, pero también de controlarlas pacíficamente. En el caso de Bagua específicamente había una desconexión absoluta entre las mesas de negociaciones en Lima y la población movilizada en la Curva del Diablo. La propia dirigencia local de AIDESEP prácticamente abandonó el liderazgo de la movilización cuando ésta se desbordaba. La suerte de los manifestantes en Bagua –más allá de esfuerzos individuales como el de Manuin-- quedaba en manos de improvisados dirigentes locales sin un norte político más allá que la consignas violentistas. Sin embargo, sería parcializado dejar el diagnóstico entre los actores presentes e identificados superficialmente. Pensemos también en los ausentes: en los congresistas oficialistas, en los gobernadores y tenientes gobernadores, en los militantes y dirigentes locales del partido “más organizado del país” (APRA).

Sabemos que nuestros congresistas tienen un débil arraigo en la sociedad. Entonces, ¿por qué creer que tienen una gran influencia sobre los manifestantes? Sabemos que las organizaciones que se arrogan la representación de las demandas movilizadas no tienen capacidad de control sobre las poblaciones locales que protestan. ¿Por qué creer que las negociaciones en una mesa en Lima van a solucionar completamente los requerimientos? Y finalmente, si ya sabemos que la ciudadanía es tan sensible a “azuzadores”, ¿por qué no movilizar a los cuadros políticos oficialistas a contrarrestar a los denominados “violentistas”? Sería absurdo utilizar las conclusiones del Informe Bagua políticamente, cuando debería alertar a los actores presentes y ausentes en su responsabilidad democrática para que estos hechos no vuelvan a suceder.

Publicado en Correo, 2 de enero del 2010.