Verdades Insuficientes

Por qué el Informe de la CVR no basta

El pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de abrir un proceso contra el Estado peruano por el caso Chavín de Huántar y la pretensión de MOVADEF de inscribirse como partido político legal ante el Jurado Nacional de Elecciones han puesto nuevamente en el debate público la interpretación de nuestro pasado reciente. El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IFCVR), grupo de trabajo en el que colaboré como investigador, vuelve a ser el blanco de acusaciones y consiguientes defensas. Para sus opositores, se trata de un documento sesgado por la carga ideológica marxista de la mayoría de los comisionados que lo dirigieron y por lo tanto, no es un referente válido para reconciliar el país. Para los que suscriben sus recomendaciones, es un trabajo solvente que dice verdades incómodas y a ello se debe el rechazo que genera. De este modo, la clase política termina dividiéndose en torno a estas discrepancias, en un contexto en el que se deberían enfatizar los acuerdos para no volver a repetir los errores del pasado.

Considero que el IFCVR es el esfuerzo más logrado de reconstruir una narración de país sobre una de sus mayores crisis, pero luego de casi diez años del inicio de dicha investigación, es insuficiente para lograr su objetivo mayor: la reconciliación de los peruanos. Lamentablemente sus conclusiones han sido objeto de politización, cuando deberían estar por encima de cualquier intento politiquero. Sus partidarios han caído en la defensa cerrada, acrítica, elevando sus argumentos a una estatura casi sagrada, portadora de una superioridad moral que no corresponde. Sus detractores han identificado sus puntos flacos, que contrastados con la realidad, no se pueden pasar por alto. Por ejemplo, al enfatizar la pobreza y la exclusión social como factores principales que explican la violencia (notable sesgo ideológico) se legitima intelectualmente una justificación que, en versiones más tergiversadas, puede ser usada en contra de la democracia.

Esas fragilidades argumentativas se agudizan por el hecho que varios sectores políticos se sienten excluidos de una narración que busca ser integradora. Estas deficiencias están desbordando la idoneidad del texto como una brújula para leer el futuro en base al pasado. En casi una década, en vez de ganar legitimación, los argumentos del IFCVR se perciben más vulnerables. De este modo, la derecha no solo logra desprestigiar este documento, sino además crear sus propias lecturas históricas. La mayor prueba que en la cultura política contemporánea existen narraciones alternas más exitosas, es el alto porcentaje de votos alcanzado por el proyecto político de un líder preso por violar los derechos humanos. El fujimorismo, sin informe ni comisión, ha generado su propia interpretación de la violencia, que es seguida a pie juntillas por al menos un 20% de peruanos.

A estas alturas, tenemos verdades parciales, divididas, fragmentadas. Miramos nuestra nación frente al espejo lamentable del olvido, aún escindidos, fracturados y con memorias difusas e incoherentes entre sí. La amenaza de MOVADEF debería ser una alerta para que las fuerzas democráticas, de izquierda a derecha, establezcan acuerdos mínimos que no solo reconozcan el sufrimiento de las víctimas, sino en igual medida, la dignidad de los que lucharon por defender al Estado. Y esto pasa indefectiblemente por considerar el valioso aporte de la CVR como una verdad necesaria pero insuficiente. Esta reconstrucción de la memoria histórica es el primer paso de un proceso mucho más largo, en el que los actores democráticos tienen la responsabilidad de involucrarse activamente, desde la política y la academia. El radicalismo violentista es una amenaza latente, pero sus intentos por legitimarse no deberían tomarnos desprevenidos.

Publicado en El Comercio, el 31 de Enero del 2012

Reacciones: Diego García Sayán

Participación y baja institucionalización

Dudas, certezas y temores sobre la revocatoria


Las democracias se hacen un harakiri cuando se profundizan sin institucionalizarse previamente. Ese es el argumento que plantea Steven Levitsky para cuestionar la revocatoria como un instrumento de participación ciudadana. En democracias débiles se corre el alto riesgo de que los instrumentos de participación directa se politicen (es decir que se utilicen para perjudicar a rivales políticos) y es así como la democracia atenta contra sí misma: la revocatoria “(es) un golpismo disfrazado de participación ciudadana”, concluye dicho politólogo. Por lo tanto, se desprende que sistemas políticos como el nuestro (quizás extendible a los países andinos) no deberían desarrollar mecanismos de participación porque terminarían rápidamente siendo tergiversados por intereses particularistas. Entonces, ¿Qué hacemos con la participación? ¿Tenemos que esperar a tener una democracia institucionalizada para empezar a diseñar los mecanismos de democracia directa? ¿Estamos frente a una suerte de darwinismo institucional? ¿O tenemos que aguardar a que sean actores políticos de probada altura moral --¿según quién?-- para ponerlos en práctica?

En América Latina, Ecuador es el pionero en establecer mayores márgenes legales para alentar la intervención de la ciudadanía en asuntos públicos, pero no podemos decir que precisamente por ello fue inestable políticamente (de hecho, hubo alternancia ordenada de poder desde 1979 hasta 1995 bajo esas instituciones). Del mismo modo, Uruguay –que es el verdadero campeón regional en este tipo de mecanismos, y no Venezuela— podría ser el ejemplo paradigmático de las bondades de la democracia directa. El sistema político uruguayo es institucionalizado, se podría refutar; pero lo participativo siempre fue politizado, se podría retrucar. Mi punto es que no hay evidencia empírica que sostenga la rigidez de que bajo condiciones de baja institucionalidad la participación atenta contra la democracia. Pero tampoco podemos demostrar lo contrario. En este caso no hay certezas; sí, dudas razonables, pero sobre todo muchos temores.

Los riesgos a la estabilidad democrática no solo provienen de su débil asentamiento institucional, sino también del poder de veto que tengan tanto el oficialismo como la oposición. Por eso mismo considero que la revocatoria es una oportunidad para Villarán de poder relegitimarse. Se abre una arena de competencia política entre elecciones donde los desafiantes (llamémoslos “chicos malos”) retan a los que sostienen un poder con baja popularidad (digamos los “chicos buenos”). La revocatoria implica movilización ciudadana, recurso del que tanto “buenos” y “malos” carecen. Una cosa es la opinión pública encuestada y otra pasar a un nivel de activismo necesario para la recolección de firmas. Levitsky asume el axioma de los “rivales políticos golpistas” (que tanto complace a los acríticos susanistas), pero no ve la posibilidad que tendría Villarán (si está a la altura, claro) de convertir la revocatoria en una ventana de oportunidad para construir vínculos políticos con los sectores desafectos a su gestión. Es decir, ganar una propia legitimidad social.

Recordemos que “buenos” y “malos” en esta historia se parecen en lo esencial: no conforman partidos, no tienen el control acrítico del electorado, no están organizados (lección que aprendimos gracias al propio Levitsky), por lo que los revocadores también deberían estar asustados de sus propias deficiencias. La participación ciudadana tiene un lugar en nuestras democracias, y el real politik no debe justificar los cuestionamientos hacia un derecho ciudadano que tanto merecen las democracias institucionalizadas como sus versiones “más atrasadas”.

Pd. Esta es mi última columna en Correo Semanal. Seguiré participando eventualmente a través de otras colaboraciones. Agradezco a su director por el apoyo en esta etapa.

Publicado en Correo Semanal, 26 de Enero del 2012

A la derecha de Humala

¿O por qué está de moda debatir sobre la derecha?

La semana pasada discutía sobre las consecuencias políticas de que el presidente Ollanta Humala, comparando sobre su desempeño como candidato, se haya convertido en un ex radical moderado, dejando un espacio político qué fácilmente puede llenarse a través de la réplica de un discurso “anti-establishment” (anti-minero, anti-mercado) que él mismo había enarbolado. Gregorio Santos parecería buscar heredar la representación de ese sector del electorado. Ahora propongo complementar aquel análisis comparando a Humala con la otra mitad del espectro político, es decir, desde el centro hasta el extremo derecho. Si bien su éxito en las urnas se debió a que era prácticamente el único actor relevante en la mitad zurda del continuo ideológico, ¿por qué ahora la resulta racional unirse a esa sobrepoblación de líderes de derecha que pululan en nuestra política? ¿Quiere ser acaso uno más del montón?

En los últimos días diversos columnistas han escrito sobre la derecha peruana en un aparente debate que básicamente ha sido un intercambio de estereotipos. Se ha puesto el énfasis en el estilo para defender las posiciones políticas donde importa más si eres “bruto o achorado”, pero no se va más allá de las fachas de los oponentes. Se considera que si alguien defiende el establishment económico y político se hace de derecha (en ese sentido, por ejemplo, Humala al mantener el status quo gobernantes se habría “derechizado”), pero no se prevé las distintas agendas que pueden hacer que la prédica conservadora se expanda hacia fuera de los intereses de clase que tradicionalmente defiende (es decir: “los de arriba”).

Una definición mínima de derecha se distingue por la creencia que las principales desigualdades entre las personas son naturales y están lejos de la intervención estatal. El problema en nuestro país es que la precariedad estatal es incapaz de garantizar mínimamente un orden (sobre todo democrático), por lo que el retraimiento estatal no se da por convicción ideológica o por elección, sino por default. Este tipo de adscripción a la derecha, entonces, se convierte en un atajo, en un tipo de ociosidad que prefiere prescindir de una vez del Estado (por negación a un discurso pro-mercado), cuando no se ha construido siquiera un mínimo de institucionalidad. Esta ha sido la derecha asentada en el poder la última década que gobierna a control remoto y que para quienes los programas de “alivio” a la pobreza son simplemente zapping.

Pero asimismo hay una derecha “estatista” (believe it or not) pero no a partir de disminuir las desigualdad sino que traduce la intervención estatal en sinónimo de orden, seguridad y combate a cualquier amenaza violentista extra-sistémica. En un contexto donde la seguridad pública cobra relevancia (ciudadanos que con sus propias armas buscan defender sus derechos), se abre un camino de justificación al polo ideológico que si lleva al extremo sus principios, no tiene problemas en legitimar al autoritarismo, la violación a los derechos humanos y la impunidad. Este es el espacio más sensible en la opinión pública peruana que Humala parece ambicionar y que –oh sorpresa—ha sido el hábitat natural del fujimorismo en su versión original y que por el momento Keiko Fujimori viene descuidando. Con la derecha pro-mercado mirándose el ombligo (PPK, Toledo y Castañeda en sus versiones electorales), toma vigencia el issue de la seguridad como el eje a partir del cual se construya un tipo de derecha con arrastre popular que no produzca ascos a las élites. Humala termina cayendo bien a los que no votaron por él, porque a su derecha está él mismo.

Publicado en Correo Semanal, 19 de Enero del 2012

A la izquierda de Humala

Las consecuencias políticas de un radical moderado

Ollanta Humala emergió en la política nacional con el estigma del radical en la frente. Desde Locumba, su trampolín a la fama, hizo resucitar ese viejo amor velasquista que muchos llevaban por ahí perdido. Hace unos años entrevisté a un grupo de izquierdistas cajamarquinos quienes recordaban aquel momento como un hito: “Cuando los Humala se alzaron convocamos a una reunión inmediatamente. Había que entrar en contacto con ellos, podíamos resucitar”. Así como estos activistas zurdos, muchos de esta estirpe, algunos viejos zorros de arriba (como Carlos Tapia o Sinesio López) y de abajo, empezaron a sintonizar con la oportunidad política que se abría: un outsider de mano dura, radical de izquierda, con un discurso nacionalista. Era el atajo perfecto cuando no se tiene un proyecto político partidario, pero sí muchas ganas de llegar al poder.

Pero Humala resultó que no era un izquierdista de cuño, sino un pragmático que una vez en Palacio podía girar al centro (y hasta irse a la derecha) si quería. Para el elector humalista del 2006 y de la primera vuelta del 2011 (ese núcleo de 30% a partir del cual hizo todo lo demás) no hay planes de gobierno ni Hojas de Ruta que valgan. Humala significaba el cuestionamiento sostenido al modelo de crecimiento sin inclusión, aquel candidato presidencial que se pronunciaba en Cajamarca en contra de los proyectos mineros, el que propugnaba una “gran transformación”. Los primeros meses de gobierno han dejado huérfanos de representación política a esa masa crítica y hortelana. Cualquier decisión política tiene sus consecuencias; y en política, no hay vacíos. ¿Quiénes y cómo van a llenar el espacio que deja el ex radical y ahora moderado presidente Humala?

El presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, a partir de su oposición al proyecto Conga busca dar el salto a la política nacional. Aunque las gestiones regionales no han sido hasta el momento capitalizables para una carrera política ascendente (casos fallidos: Yehude Simon, Vladimiro Huaroc), Santos ha tenido una exposición mediática inédita para un dirigente provinciano. Ha logrado encabezar la movilización social local desde un cargo elegido, así que se apoya en la legitimidad de las urnas. Si bien es cierto que tiene antecedentes de moderación (su participación como mediador en un conflicto en La Zanja hace unos años fue vital para evitar el escalamiento), la existencia de voces más radicales (por ejemplo, Wilfredo Saavedra) le obligan a no ceder posiciones frente al Humala-Conga-Va. Su equilibrio es milimétrico, pero suficiente para convertirse al menos temporalmente en la expresión de la dignidad regional cajamarquina.

A diferencia de otros radicales de paso (recordemos cómo Nelson Palomino metía miedo, o, sin ir lejos, el affaire Aduviri), Santos cuenta con una organización política detrás. Mal que bien, en el desierto de la democracia sin partidos, Patria Roja asegura niveles mínimos de coordinación territorial con los radicales old-fashioned que han logrado mantener núcleos de activismo anti-sistémico en el país, pero que no han estado alejados de la administración pública (como fue su paso por el gobierno regional de Pasco). Dicho sea el paso, la gestión regional de Cajamarca ha recibido aportes de cuadros provenientes de gestiones regionales y hasta de cuadros limeños para poner a prueba la experiencia, mientras que Santos pueda darse una vuelta por Lima y otras zonas del país articulando esa izquierda maoísta centrada en dos pilares: educación y mundo rural. A diferencia de Humala, Santos tiene un partido de cuya ideología no puede librarse tan fácilmente, y es por ahora quien mejor aprovecha el vacío que el ex comandante dejó cuando decidió gobernar como cualquier otro.

Publicado en Correo Semanal el 12 de Enero del 2012

El “olón” democratizador

Por qué no hay que tenerle miedo a la revocatoria.

Una nueva ola democratizadora ha aparecido en América Latina en las últimas dos décadas: la democracia participativa. Las transiciones post dictatoriales en los 80 dieron paso al establecimiento de democracias representativas en casi todo el continente (con la excepción de Cuba) y más allá de retrocesos autoritarios (como Fujimori y Chávez), las elecciones se han convertido en procedimientos indiscutibles para alternar el poder.

En la práctica, sin embargo, estos regímenes electorales se comportaron como “democracias delegativas” (O’Donnell dixit) en las que los votantes entregaban “cheques en blanco” a los elegidos y luego se desentendían de la política, perdiendo así toda posibilidad de rendición de cuentas entre elección y elección. Para evitar ello, se han implementado provisiones legales para promover la participación ciudadana más allá de las elecciones, habilitando la posibilidad de remover y revocar mandatos (revocatorias), opinar sobre la implementación de políticas (referéndum, plebiscitos) y hasta esquemas más dinámicos como presupuestos participativos, cabildos abiertos y consejos de coordinación con el involucramiento de la sociedad civil. Estos mecanismos forman parte del “olón” democratizador en toda la región, del cual el Perú no es ajeno.

Desde 1998, en el país han puesto en práctica estas prerrogativas participativas. Las revocatorias tienen más de una década, pero casi siempre se han ejecutado en contextos de baja complejidad, es decir, en municipalidades rurales, de escasa densidad poblacional. Recién en los últimos años se ha dado el salto a la participación en gran escala. El referéndum de 2009, sobre el FONAVI, ha sido la máxima expresión de este tipo de consulta, que ahora inevitablemente toca las puertas de la comuna capitalina. Como se sabe, se ha formado un comité promotor de la revocatoria de la burgomaestre Susana Villarán que se propone juntar las firmas necesarias para llevar adelante la consulta respectiva. Sería la primera vez que este mecanismo se realice en una megaciudad, algo aparentemente inédito en una capital latinoamericana.

La revocatoria ha despertado demasiados temores en la gestión Villarán. Los defensores de la alcaldesa han catalogado a este instrumento como “anti-democrático” y “causante de inestabilidad”, cuando es todo lo contrario: profundiza la democracia al dar voz a los ciudadanos y, aunque haya intereses políticos detrás, también puede ser un instrumento de relegitimación. ¿Qué pasaría si la ciudadanía limeña se pronunciara en contra la revocatoria? Villarán terminaría fortalecida y sería el peor escenario para sus detractores. Esa es la posibilidad a la que debe apelar. Pero, paradójicamente quien ha promovido ahondar la participación ciudadana le da la espalda a esta genuina práctica ciudadana que, para hablar con su propio lenguaje, “empodera a los vecinos y vecinas”.

Los sectores progresistas han apoyado consistentemente la promoción de la participación “más allá de las urnas” y Villarán cometería un error si la ve por encima de los hombros. No solo porque sería contradictorio con sus principios, sino porque terminaría cayendo en el juego de la polarización política y desprestigiando una imprescindible arma que tienen los ciudadanos para lidiar con los abusos e ineficiencias de sus gobernantes. Si bien es cierto Villarán ha tenido algunas de cal y otras de arena, no debería permitir que el “olón” democratizador termine llevándose también sus convicciones democráticas.

Publicado en Correo Semanal, 5 de Enero del 2012

Batallas por la memoria

Las pugnas políticas por contarnos el pasado presente.

En el contexto de la transición, al final del gobierno fujimorista, los sectores progresistas del país promovieron “políticas por la memoria” para impulsar un proceso de reconstrucción histórica de los sucesos causados durante el periodo gobernado por la violencia política y por el autoritarismo que se impusieron en nuestro país durante los ochenta y los noventa. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, y su Informe Final, constituyeron no solo la narrativa integral del pasado reciente, sino hasta un instrumento político para ver el futuro desde el reconocimiento de las rupturas sociales que como país padecemos. El Lugar de la Memoria es la continuación de este legado y el reciente nombramiento de Diego García-Sayán, como cabeza de este proyecto, promete mayores niveles de influencia y actividad política que los de sus antecesores.

Sin embargo, la memoria tiene otros campos de batalla que van más allá de las políticas institucionales impulsadas desde el Estado (y sus Gobiernos de turno) para quedar bien con la comunidad internacional. Tanto a nivel mediático como a nivel de base, se reconstruye la historia reciente, se da un tipo de lectura política parcializada y se busca influir en las mentes y en los corazones de los peruanos de manera distinta a la que la izquierda quisiera y persiguiendo intereses particulares.

Durante la última campaña electoral, ha quedado demostrado que el fujimorismo ha logrado construir su propia narrativa del país. Casi desaparecidos políticamente durante la transición, el fujimorismo fue, en su peor momento, casi una secta, círculos de reunión de feligreses políticos que mantenían el recuerdo agradecido por un mandatario durante cuya gestión el terrorismo y la hiperinflación dejaron de ser amenazas cotidianas. El respeto a los derechos humanos queda, lamentablemente, fuera de esa interpretación. No importa, el fin justifica los medios, y Fujimori termina imponiendo su diccionario propio: clientelismo es Estado, autoritarismo es autoridad. Si Usted, estimado lector, comparte este glosario, es porque no tuvo reparos para marcar la K durante la elección pasada. La alta aprobación que tiene un posible indulto al ex presidente no es más que la evidencia que el fujimorismo va ganando la batalla por la memoria en la arena de la cultura política.

Mientras tanto, en la cancha de los grandes medios, el conservadurismo le da una mano al fujimorismo. De acuerdo con la postura predominante, cualquier dirigente social que encabeza una movilización es “radical” y si se tiene pasado subversivo se debería permanecer en la cárcel. Lori Berenson y Wilfredo Saavedra siguen siendo “terroristas”. No importa que den la cara y que no estén escondidos en el monte. El pasado condena (pero no a Yehude Simon cuyo paso por la PCM le “blanqueó” políticamente). Se quiere desaparecer la tradición “radical” (de izquierda) a punta de portadas que meten miedo como si fuera tan fácil como levantar la alfombra.

El pasado sigue siendo presente cuando no se ha aprendido nada, como lo demuestran los titulares de su prensa favorita. Se busca tapar la insatisfacción con un dedo. Mientras el sistema político siga siendo perverso para las mayorías, habrá leña para encender la pradera. Las prédicas violentistas y antidemocráticas no se enfrentan con rencor ni con macartismo medieval, sino con un Estado que respete a todos sus ciudadanos por igual, desde aquél que se siente orgulloso del nuevo Starbucks en la esquina de su casa, hasta aquél que llena de piedras el zapato de tu incomprensión.

Publicado en Correo Semanal, 29 de Diciembre del 2011.

Post Candidatos

Un libro de balance para comprender el futuro.

Ha llegado el momento de los balances. De mirar atrás para no olvidar lo que se nos viene. Hace exactamente un año, Luis Castañeda y Alejandro Toledo lideraban las encuestas, Ollanta Humala no pasaba del 10%, Keiko Fujimori se sorprendía con el 20% de apoyo, PPK buscaba partido y muchos estaban encantados con Mercedes Aráoz. ¿Cómo es posible que la historia haya dado tantas vueltas como ruleta rusa y terminara deteniéndose en el casillero nacionalista? ¿Qué es lo que realmente pasó?

Esta es la pregunta que nos planteamos once investigadores sociales al momento de plantearnos Post-Candidatos. Guía analítica de supervivencia hasta las próximas elecciones (Mítin, 50más1 editores) que reúne estudios sobre cada una de las candidaturas presidenciales del 2011 (incluyendo el destino del APRA), así como sobre otros “actores” que terminaron robándose el show, entiéndase las encuestadoras, los medios, las finanzas y las mismas predicciones políticas.

Post-Candidatos puede leerse como una batalla ganada por aquellos que consideramos que la agencia política tiene un poder explicativo más importante que las estructuras sociales. Estábamos un poco hastiados del rollo determinista que veía en las clases sociales, las discrepancias urbano-rurales, las distancias entre Lima y el resto del país, las divisiones entre ricos y pobres los factores que producen irremediablemente los resultados políticos. La lectura que proponemos no excluye estas variables, pero pone el énfasis en las decisiones de los actores, en sus aciertos y en sus equivocaciones, en sus discursos políticos, en las estrategias de marketing, en las relaciones de poder internas y externas a sus emblemas políticos. Es la victoria de los hombres por encima del peso de la historia.

Pero la compilación además describe el tipo de política en la que nos movemos, un “sistema partido” (que no es lo mismo que un “sistema de partidos”), sino prácticamente todo lo contrario. Una interacción entre personalidades políticas que forman un establishment sin tener organización, y sobreviven aquellos que son capaces de generar una identidad política (el fujimorismo, el nacionalismo) casi en contra de sus propias voluntades. Y a la vez sobreviven desconectados de la sociedad, una suerte de inestabilidad que se convierte en status quo, unas arenas movedizas tan eternas como el APRA, a estas alturas la única evidencia viviente de un pasado distinto.

Finalmente es un libro que nos descubre el mundo de paradojas que no queremos ver: de cómo la candidatura de Humala no estuvo exenta de errores y sin embargo ganó, de cómo el fujimorismo terminó siendo una suma de paradojas (ser lo más cerca a un partido sin querer serlo), de cómo PPK llegó a ser el candidato más “provinciano”, de cómo Toledo comenzó perdiendo desde el día que terminó su mandato presidencial, de por qué Castañeda hizo un manual perfecto de la derrota política. Es un libro donde los únicos “insiders” son los propios investigadores. Queda mal que el propio compilador del libro lo diga, pero no abundan los libros sobre política que hagan del drama algo divertido. Es el sino de nuestra idiosincrasia nacional: terminar sonriendo irónicamente para sobrevivir las tragedias electorales, para sobrevivir políticamente. Post Candidatos es una guía, para no perderse en el laberinto de la política.

Publicado en Correo Semanal, 22 de Diciembre del 2011

El aprendiz de mandatario

O por qué hacer milagros es más fácil que gobernar.


En el país nos damos el lujo de tener gobernantes que toman sus primeras clases en el mismo Palacio de Gobierno. Para algunos, Humala ha tomado decisiones políticas sinuosas, zigzagueantes. Para otros, ha seguido un curso acelerado donde brilla su pragmatismo. La designación de un nuevo gabinete a cuatro meses de asumir la Presidencia (todo un récord en nuestra historia democrática) ratifica su utilitarismo. Una selección de ministros hecha a la altura de su (in)capacidad: ausencia de pesos políticos propios (con raras excepciones), lealtades incondicionales para quien te sacó del anonimato con un fajín. No es un “gabinete en la sombra”, sino un gabinete de sombras. Predominan los perfiles grises que se pondrán de perfil cuando la tarea les quede grande.

Humala parece decidido a deshacerse de los incómodos. Si bien es cierto, la izquierda perdió el 9 de abril (momento en que se inicia el sinceramiento pragmatista), todavía hacían la finta dando vueltas por el despacho presidencial. Pero no soportaron el roche de las últimas semanas: Estado de Emergencia cuando no ameritaba, detenciones irregulares, nuevos pactos políticos debajo de la mesa. Por el otro lado, fueron ganando terreno los reflejos autoritarios, esa suerte de alma en pena que se apodera de los que ocupan Palacio. No sólo los consejos de Villafuerte o de Valdés, sino el feeling de Locumba, el suspiro callado del Andahuaylazo. Humala así tuvo en frente un dilema digno de Gilberto Santa Rosa: la conciencia le dice polo rojo, el corazón le dice polo verde oliva.

Humala ha convertido “izquierda” y “derecha” en dos adjetivos sin sentido. Aunque no podemos descartar la posibilidad de una amenaza autoritaria (a César Hildebrandt le encanta meter miedo, a Fernando Rospigliosi le gana un prematuro “te lo dije”), por ahora hay un problema más serio que un precoz endurecimiento y es la crisis de representación. Humala se olvida de gobernar a los que votaron por él. Las protestas sociales, desde Ilave hasta Cajamarca –sigo a Levitsky—“surge(n) de la desconfianza, y muchos ciudadanos en el interior no confían en el gobierno porque durante décadas los gobiernos no cumplieron con ellos”. El futuro del país no sólo descansa en las cifras económicas, sino también en la confianza de la gente. Y si Humala sigue perdiendo la credibilidad de los más insatisfechos (no casualmente movilizados), la gobernabilidad empieza a sufrir.

Humala muda su fuente de apoyo de los excluidos (sin partidos y sin líder, su única forma de hacerse oír es la protesta) a sus nuevos “best friends”, los empresarios (con mil formas de hacerse sentir). Pero, más ingenuo que “muchachito del ayer”, cree que puede hacerlo sin costo social. Como una historia que se repite hasta el cansancio, Humala se contenta con el apapacho de los “dueños del país”, a quienes solo les interesa que Castilla siga en el MEF para publicar comunicados de apoyo a quien hace solo 6 meses evitaban. Mientras tanto, el aprendiz de mandatario se ha dedicado a predicar milagros: que Salomón Lerner Ghitis nos parezca bueno, que Alan García aparezca como más sincero (“el cambio responsable” tiene más valor de verdad que su “gran transformación”), que los que tenemos convicciones democráticas defendamos a los “radicales” (víctimas de la arbitrariedad del mandamás), que Zavalita se vuelva cómplice de su propia pregunta. Humala se ha graduado como “comandante de los milagros” antes que como presidente. De eso ya no caben dudas, lo que todavía no tenemos son certezas.

Publicado en Correo Semanal, 15 de Diciembre del 2011

Cuando la democracia muere un poco

Sobre la partida de Guillermo O´Donnell y el Estado de Emergencia en Cajamarca

Guillermo O´Donnell (GOD para sus alumnos) solía decir en clases que durante años tuvo que estudiar algo que detestaba: los regímenes autoritarios. Por eso –continuaba-- quería concentrarse en un objeto de análisis que le producía gran alegría: la democracia. Su último libro Democracia, agencia y Estado no solo es la síntesis académica de sus convicciones políticas, sino también un esfuerzo por comprender la democracia desde su micro-fundación. La democracia vista desde el individuo a través de la provisión de las garantías que solo el Estado puede salvaguardar, las que convierten a una persona en un ciudadano. No hay democracia sin un Estado que construya ciudadanos. Esa fue la última lección que recibimos del D10S de la ciencia política latinoamericana.

GOD falleció la semana pasada. Tuvo el don todopoderoso de anticiparse a los sucesos políticos trascendentales de América Latina, de poner los términos del debate de cada década. Lo hizo con los “estados burocráticos autoritarios”, con las transiciones desde regímenes autoritarios (nótese la rigurosidad: no hablaba de transiciones “hacia la democracia”), cuando acuñó el término “democracia delegativa” (tantas veces mentada, pocas leída) y, más recientemente, con la precariedad estatal. Su último libro (arriba mencionado) anuncia lo que ya estamos viviendo: el desafío de consolidar la democracia desde la ciudadanía. Y es acá donde nuestro país es un caso fascinante de estudio y preocupante en la práctica.

La semana pasada comenté que en el Perú se comparte un sentido común de derecha para gobernar, pero había restringido mi argumento al plano económico. En cuestiones de seguridad pública, el Presidente Humala tampoco hace la diferencia con sus antecesores. En menos de seis meses, desilusiona a sus seguidores utilizando una tara que los peruanos hemos heredado de la época de la violencia política: declarar Estado de Emergencia al primer desconcierto. Véalo como facilismo o rendición prematura de un aprendiz de mandatario, Humala se somete a los reflejos propios de un gobernante incapaz de poner orden sin vulnerar los derechos elementales de sus gobernados. Ahora recibe nuevos aplausos. Por ejemplo, Rosa María Palacios indica que “sólo se suspenden cuatro derechos constitucionales” (sic). ¿Las demandas sociales de los cajamarquinos ameritan la suspensión siquiera de un solo derecho como el de la libertad personal? ¿No se dan cuenta los “defensores de la democracia” que se pone la valla muy baja con esta medida y que se abre el camino para justificar políticas más severas? Así empiezan los autoritarismos competitivos, si los dejamos empezar.

Con la partida de GOD, la ciencia política muere un poco, porque cuando desaparece un irremplazable, la disciplina lo siente en su conjunto. No solo entristece a los que tuvimos la suerte de atender sus clases, sino a los millones que lo leyeron, a los que vemos la política latinoamericana con los conceptos que propuso. GOD nos enseñó a entristecernos cuando la democracia languidece. Y eso sucede cuando se restringen las libertades individuales de los ciudadanos. Es así que la democracia murió un poco con Toledo, con García y sigue muriendo con Humala. Murió un poco más con el Arequipazo, con el Baguazo, y estos días muere un poco desde Cajamarca. Porque dejar a ciudadanos vulnerables ante la arbitrariedad de una autoridad novata y despistada no resuelve nada y ofende mucho. Porque el Estado no protege, sino deja sin protección. Porque se establecen “ciudadanos de segunda categoría” y porque los gobernantes pierden la categoría para gobernar. Una semana triste para los politólogos y para todos aquellos con convicciones democráticas.

Publicado en Correo Semanal, 8 de Diciembre del 2011

HumAlan

O por qué parece improbable un gobierno de izquierda en el Perú


Palacio de Gobierno debe oler a dolor de cabeza. Las pugnas entre idealistas versus pragmáticos tienen a mal traer a un Ollanta Humala que no tuvo tiempo de acomodarse en el sillón presidencial. No se puede hablar de inconsistencias si nunca se tuvo un proyecto claro desde el inicio. Por lo tanto, las decisiones claves (Conga sí o Conga no) se toman en modo de piloto automático en el que se ha conducido el país en las últimas dos décadas. La “Hoja de Ruta” estimado lector, no fue la improvisada entre la primera y la segunda vuelta sino la que hicieron las multilaterales hace ya algunas décadas y que se consolidó, para bien o para mal, durante los últimos cuatro gobiernos.

En lo que vamos del siglo XXI se ha asentado un modelo de Estado heredero de las reformas neoliberales de los noventas pero con los ajustes necesarios que desmontaron las instituciones autoritarias del fujimorismo. Este arquetipo de gestión es tan sólido que parece incuestionable. No solo se ha establecido como sentido común sino que es casi un reflejo en los planes operativos de tecnócratas, policy-makers, asesores, lobistas y todos aquellos con acceso a toma de decisiones, fascinados por la estabilidad de las macrocifras y que no se hacen paltas con los conflictos sociales. En este contexto, Humala parece haber absorbido rápidamente ese microclima y se viene convirtiendo en el mejor defensor del “Perú Avanza”, prácticamente replicando, entre líneas, la prédica sobre “el perro del hortelano”. Humala no es Toledo, estimado lector. Puede ser peor. Al parecer, hemos creado un Frankenstein: HumAlan.

Cuando se avanza por un camino por demasiado trecho, los costos para volver atrás son cada vez mayores. El Estado peruano es una combinación de tecnocracia centralizada y debilidad territorial. En este esquema, la inversión privada en sectores extractivos fue por mucho tiempo indiscutible. La rentabilidad de su explotación está incluida en todas las fórmulas que auguran un futuro ideal para sacar cachita en las reuniones internacionales de Ministros de Economías. La viabilidad de la inversión extractiva (especialmente minera) empezó a cuestionarse cuando la sangre llegó al rio (no antes). Pero se hizo por fuera del molde establecido. Recién ahora se quiere construir una “conciliación” entre los intereses mineros y sus críticos pero el gobierno no tiene otra fórmula que hacerlo desde las premisas de los primeros. Eso lo entendió perfectamente Alan García cuando en la campaña del 2006 prometió un “cambio responsable”: mantener el status quo a pesar de Baguazos y Moqueguazos. Su chorreo fue ineficiente. Su obsesión por la economía convirtió a millones de peruanos en ciudadanos de “segunda categoría” (sic).

Humala se ha dado cuenta que solo le queda seguir los pasos de su antecesor porque no se sabe gobernar de otro modo en el Perú. La izquierda no ha sido capaz de construir un proyecto alternativo y las referencias a la “inclusión social”, “redistribución”, “consulta previa” son palabras sueltas, balbuceantes, que no llegan a una visión alternativa real. No existe un sentido común para gobernar desde la izquierda y queda claro que Humala no lo tenía. Y así, casi inevitablemente, va camino a convertirse en la versión calichín de García (no es casual que éste le haya colocado una estrellita en la frente por el caso Conga). No hay peor castigo para el ego que terminar pareciéndose a su enemigo. Humala va así hacia ese “autoritarismo neoliberal” que su ideólogo Nicolás Lynch veía como necesario eliminar. ¿Traición o pragmatismo? (Un saludo para el embajador que nos mira por tv desde Buenos Aires).

Publicado en Correo Semanal, 1 de Diciembre del 2011

No culpes a la lista

Porqué la eliminación del voto preferencial no solucionaría nada

Esta semana se debate en el Pleno la eliminación del voto preferencial para la elección de congresistas. El razonamiento de los que están a favor es el siguiente: el voto individualizado por un postulante al Parlamento conduce a comportamientos perversos. Primero, genera una encarnizada disputa por los votos al interior de la propia lista al punto que rompe la unidad partidaria; los elegidos no sienten que deben su lugar al partido al que pertenecen sino a los votos de sus electores; y así terminamos eligiendo a cada impresentable que rápidamente se gana el apelativo de “otorongo”. Por lo tanto, dicen los eternos expertos como Henry Pease, “el voto preferencial tiene la culpa del debilitamiento del sistema político y de la democracia”. “Hay que eliminarlo”, “una reforma más, urgente!”, aclaman sus seguidores. ¿Pero acaso la desaparición del voto preferencial solucionaría los problemas de crisis de representación y de corrupción del Congreso peruano?

Un balance justo requiere mencionar también las virtudes del voto preferencial: el ciudadano tiene mayor capacidad de decisión, inclusive por encima de las cúpulas partidarias. Una lista cerrada, confeccionada exclusivamente por los mandamases de las organizaciones políticas, puede ser anti-democrática. El voto individualizado permite una elección doble: no solo es el endose a una agrupación sino también el apoyo hasta a dos candidatos. Pease plantea cerrar la lista congresal pero previamente organizar elecciones internas abiertas a todos los ciudadanos para elegir a quienes deban integrar las listas al Congreso. No entiendo su propuesta: ¿en vez de un solo proceso electoral, tendríamos dos: primero, una primaria con voto preferencial y luego una general ya con listas cerradas? Genialidades de institucionalistas.

(Existe un tipo de “experto político” que tiene una fascinación por lo que Eduardo Dargent llama “reformitis”. Piense, estimado lector, cuántos seminarios, talleres y chupetas se organizan bajo el título de “Reforma del Estado”. Sume a ello la cantidad de consultores, asesores y chamanes que engrosan las planillas del Estado y de la cooperación internacional con la justificación que son “reformistas”, que tienen el dato caleta del libro de Sartori para establecer una institución que nos salvará a todos de la mediocridad política).

No existe evidencia que los problemas del Congreso se resuelvan con un cambio en el mecanismo de elección. Hemos tenido buenos y malos congresistas bajo el sistema vigente. La calidad de la clase política en su conjunto no depende de esta reglamentación. Además, las disputas internas entre candidatos de una sola lista se solucionan creando mecanismos de cohesión partidaria. Por cierto, ¿quién ha dicho que la competencia intrapartidaria es siempre nefasta? Por el contrario, permite que el ciudadano aprecie matices necesarios en una misma plataforma política. En tercer término, los congresistas no sienten que representan a sus partidos porque éstos simplemente no existen. Al no haber vida partidaria, tienden a crear sus vínculos directamente con el electorado. No es culpa de la norma, sino de la realidad política.

Me sorprende cómo decisiones tan importantes como el cambio en las reglas de juego electorales se toman guiados por el capricho, por un sentido común coyuntural, y sobre todo sin contrastar con la realidad. ¿Acaso los reformistas han estudiado siquiera las prácticas concretas de la vida política en el interior del país? ¿Basta con lo que les cuentan sus “orejones”? Desde sus manuales llevan adelante una reforma aislada y basada en supuestos antojadizos. La mayor prueba de las limitaciones de la “reformitis” es que antes no teníamos Ley de Partidos Políticos pero teníamos partidos; hoy tenemos ley, pero no partidos. Moraleja: no busques al culpable fácil.

Publicado en Correo Semanal, 24 de Noviembre del 2011.

La modernidad truncada

Informalidad y conflictividad en el Perú actual

Usted ya leyó todos los análisis posibles sobre los conflictos que despertaron al león (no tan) dormido de la conflictividad social del país. Para algunos, se acabó una luna de miel que apenas duró cien días. Otros resaltan la incapacidad del nacionalismo para asumir las expectativas que generó durante la campaña electoral. “Una cosa es con guitarra, y otra con cajón”, sintetizan brillantes analistas. Los politólogos recomiendan la construcción de una institucionalidad estatal para procesar los conflictos; los consultores –con una mano en el pecho y la otra en el bolsillo— propugnan la prevención, el dialogo, y todas esas técnicas que les permiten guardar pan para mayo; la derecha dice que el país no puede parar, la izquierda radical ha elevado a la minería al status de posesión diabólica. ¿Qué de nuevo se puede decir de una dinámica social que no cambia aunque pasen los gobiernos?

¿Y qué tal si vemos el ‘big picture’? Ello no significa suscribir el discurso oficialista-yo-no-fui. La justificación de que se tratarían de “conflictos heredados” refleja una cínica irresponsabilidad política. En todo caso, si vamos a echarle la culpa al pasado, remontémonos a la Colonia como bien nos enseñó Julio Cotler. Propongo poner la problemática en perspectiva histórica, pero sin zafarle cuerpo a la responsabilidad. Sostengo que asistimos a un segundo proceso de modernización, que va camino a truncarse como el anterior. A mediados del siglo pasado presenciamos el primero: la postergación del Perú rural produjo al “primer peruano moderno” (Carlos Franco dixit): el migrante andino en Lima y en las ciudades costeñas, buscando participar de la promesa de la urbe. Pero los proyectos políticos de aquél entonces no tan lejano, no fueron capaces de proponer un Estado incluyente. Los partidos se preparaban, manual en mano, para representar a clases obreras y campesinados ideologizados; y nunca alucinaron como era la política para ambulantes, subempleados y talleristas sin seguros sociales. Ni siquiera cuando colapsaron se dieron cuenta lo que había pasado.

Esta vez la modernidad migró al campo. Nunca antes hubo tanta inversión intensiva y extensiva en las zonas de más alta tasa de ruralidad de los Andes. Siquiera en las urbes había algo de Estado. No hay peor combinación que el desarrollo económico (extractivo, de escasa demanda laboral local) llegue donde el Estado es más débil, en ese lugar debajo de la alfombra que los políticos habían evitado toda la vida. Ah, y claro, ahora ni siquiera hay organizaciones políticas.

Informalidad y conflictividad han sido el resultado, hasta ahora, de dos momentos modernizadores truncos en nuestra historia contemporánea. Porque en ningún caso hubo un proyecto político que diera forma a la coyuntura crítica que se abría. Es evidente que el discurso derechoso del ‘emergente’ ya es cebo de culebra a estas alturas (aunque al menos fue un intento). Ahora simplemente no tenemos ningún discurso político, ningún proyecto nacional que tenga la valentía de plantearse la pregunta de rigor. Los devaneos presidenciales entre los lobbistas mineros y sus (¿ex?) aliados radicales solo demuestran que no se está a la altura del encargo. Permanecer en la indecisión es un llamado a ahondar más la crisis de representación, un rechazo a la política que primero tomó la forma de desafección (“el emergente yo mismo soy”) y que ahora se agudiza y toma formas violentas (“el perro del hortelano”). El Perú no es moderno, estimado “ciudadano del mundo”, si no es capaz de dar a luz un proyecto político que más que mirar las herencias del pasado, esté más preocupado por darnos el norte.

Publicado en Correo Semanal, 17 de Noviembre del 2011

El centralismo arde

¿Será capaz el Gobierno de Humala de descentralizar el Estado?

Uno de los aspectos prácticamente ausente en los balances de los primeros días de Humala es el referido a la descentralización. En el informe del propio Gobierno la mención al tema es prácticamente de forma. No caben dudas de que arrastramos una estructura estatal centralista y que la reforma regionalista (que ya va a cumplir una década) no ha logrado consolidar hasta el momento una solvencia estatal a nivel subnacional. Humala, quien se puso la alta valla de la “gran transformación”, no puede irse de Palacio sin poner en práctica políticas que modifiquen los patrones centralistas, ya que sin ello cualquier intervención sectorial ahondará aún más en el limeñismo. No hay inclusión sin descentralización, presidente.

Cuando se reflexiona sobre la descentralización desde alguna mesa colmada por intelectuales, técnicos y funcionarios públicos (limeños en su mayoría, claro está), se suele cuestionar la capacidad instalada en las regiones para asumir la tarea de una gestión subnacional eficiente y de calidad de servicio al ciudadano. “Hay que capacitarlos”, dicen algunos. “Ya aprenderán”, confían los optimistas, pero nadie practica un diagnóstico de las responsabilidades respectivas desde el Gobierno central. Un funcionario regional cusqueño me lo puso clarito alguna vez: “Se dice que no estamos preparados para gobernar una región, pero nadie dice que tal o cual no está preparado para ser ministro”. ¿Tendrá el Gobierno de Humala la capacidad y la voluntad política para estructurar un Estado descentralista, no solo con diálogo y respeto con los gobiernos regionales, sino con interacciones funcionales a todo nivel (regional y municipal) que satisfagan al ciudadano?

Los primeros pasos de Humala en este ámbito no parecen alterar el esquema centralista. Por el contrario, en su discurso de toma de mando propuso la recentralización de las políticas educativas y, por otro lado, el lanzamiento de los programas sociales (como Pensión 65) no considera una participación protagónica (apenas consultiva, si acaso) de los niveles subnacionales de gobierno (regiones y municipalidades), lo que implica el riesgo de reproducir las limitaciones y excesos de los programas asistencialistas fujimoristas: eficientes técnicamente, con rigor en los indicadores de focalización, pero controlados por el Gobierno central. Una real política de Estado comparte el diseño, la responsabilidad y los logros en todos los niveles. Es la única forma que no se convierta en un instrumento político para fines de los gobernantes de turno.

Efectivamente, los programas que impulsa el nuevo Gobierno son “renovados”: con Pensión 65, y los que se vienen, nos consolidamos en la ola de programas de transferencia condicionada -tan populares- y con tan buenos réditos políticos reeleccionistas que ha dado en el continente. Pero para que sea política estatal requiere entramarse dentro de los distintos niveles. El presidente Humala debe recordar que la legitimidad (cuya debilidad finalmente es lo que causa la crisis de representación) no solo se juega a nivel central. Si los gobiernos regionales y municipales fracasan, suman al descontento y avivan la insatisfacción. El Estado centralista arde –para parafrasear la reciente compilación de columnas de María Luisa del Rio- y Humala podría quemarse las manos si se queda con esas viejas estructuras centralistas tan seductoras para acumular poder, pero tan nocivas para transformar seriamente el país.

Publicado en Correo Semanal, 10 de Noviembre del 2011

"No hemos encontrado la fórmula"

"Consejos de pata" para construir partidos

El Presidente del Congreso Daniel Abugattás ha sido brutalmente honesto: “no tenemos excusas, hemos fallado, no hemos hecho una evaluación adecuada”. Los casos de Celia Anicama, Amado Romero y del propio Omar Chehade, entre varios otros congresistas investigados por el Ministerio Público, han movido el piso al partido (¿?) de la “gran transformación”. En menos de cien días, se han dado de cara con la cruda realidad y han comprobado –vaya novedad—que no tienen la fórmula para renovar la política nacional. Desde la modestia e irresponsabilidad propias de un académico puro, ensayo a continuación algunos consejos al respecto.

El 2016 comienza ahora. Dejar la actividad política solo para comicios ha demostrado que pasa factura. Mire lo que le pasó a Toledo por tanto viajecito a Estados Unidos. Hay que meterle chamba al partido todo el año porque permite depurar oportunistas y prontuariados. No es posible que el proceso de selección de candidaturas sea solo durante los meses previos a la contienda electoral. Seamos francos: las “bases” no existen, pero sí cuadros individuales con naturales ambiciones políticas con quienes se requiere compartir rollo ideológico, pero también confianza interpersonal y lealtad al proyecto.

Conozca a sus pescados. No se limite a solicitar una hoja de vida y antecedentes penales. Se necesita un mayor conocimiento de los que integren las organizaciones políticas. Olvídese de tener “invitados”, por más guita que pongan en campaña. Esos son los más peligrosos porque no se les puede controlar. Son aventureros que tocan todas las puertas posibles y una vez elegidos es muy probable que sean los primeros en contribuir al desprestigio de su movimiento. Premie a sus militantes, a sus seguidores, a quien están en las buenas y en las malas.

Cuánto le cuesta, cuánto le vale. Casi todo el dinero invertido en política se gasta durante las campañas. Debería usar al menos un cuarto del aporte de sus amigos empresarios en el periodo no-electoral. ¿Es iluso? No. Por el contrario, resulta racional para construir una organización sostenible. Un empresario me preguntó si la compra de votos funcionaria en el Perú. Respondí que no por una sencilla razón: no hay partido que controle la distribución de los bienes y asegure la supervisión del intercambio clientelar. Se gastaría en vano. Hasta para hacer clientelismo se requiere de un partido, y eso no aparece de la noche a la mañana.

Los de arriba y los de abajo. No abandone la política en provincias y en regiones. ¿De dónde van a salir sus próximos cuadros nacionales sino es de la experiencia en alcaldías y consejos regionales? La política local y regional es su cantera, su Cantolao. No lo vea solamente como que se trata de presencia en regiones y así queda bien con los analistas. Es sobre todo una forma de generar patrones de carrera política, delinear una jerarquía de ascensos, y foguear a sus muchachos.

No culpe a la Ley de Partidos. De acuerdo, las leyes ayudan, pero creo que más importante que las reformas (lea a Tanaka), son las prácticas propias. La corrección política de la “democracia interna” y del “financiamiento partidario” parte del supuesto del político-buena-gente al punto que la legislación ni siquiera regula sanciones. A las leyes se les saca la vuelta, pero una sacada de vuelta más a la confianza ciudadana en los políticos ya no aguanta.

Publicado en Correo Semanal el 3 de Noviembre del 2011

El duro espejo boliviano

Dic.2009. Cuando todo era felicidad

Lecciones del vía crucis político de Evo Morales que no debería repetir Ollanta Humala

Diciembre de 2009. Cierre de campaña presidencial. 200.000 personas se concentraban en El Alto, ciudad adyacente a La Paz, para recibir a Evo Morales, por entonces candidato a la reelección. Agrupados alrededor de sindicatos y gremios, organizaciones comunales y ‘ayllus’, los asistentes coreaban el nombre de su líder, quien al bajar de un helicóptero se parecía más a un ‘rockstar’ que a un político latinoamericano contemporáneo. En aquellas elecciones, Morales obtendría la mayor votación histórica de un político boliviano: 65%. Definitivamente vivía un idilio con su pueblo, que parecía iba a perdurar largamente.

Septiembre de 2011. En las plazas de La Paz se reúnen colectivos pro indigenistas y medioambientalistas para apoyar la marcha que desde el 15 de agosto vienen realizando las comunidades nativas del Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuren) en contra del proyecto del Gobierno de Morales de construir una carretera que cruce el territorio protegido atentando contra la reserva natural y contra sus propiedades. “Yo voté por Evo –me dice una activista– y hoy me arrepiento”. Luego del ‘gasolinazo’ de diciembre pasado –eliminación de subsidios para nivelar el precio del combustible a los estándares regionales– la popularidad del presidente ha caído y no levanta cabeza: 35%. Pero ahora, diez asambleístas indígenas del MAS (partido de gobierno) amenazan con renunciar y relevantes apoyos sociales del régimen –indígenas y obreros– se movilizan en su contra. ¿Qué pasó en dos años para que la promesa de genuina representación política se desplomara y comenzara su más serio trance? ¿Si Morales no es capaz de cerrar la brecha de crisis de representación, qué alternativas quedan en Bolivia? ¿Cuáles son las lecciones para el Gobierno de Ollanta Humala?

Humala o el Poeta de la Zurda

Sobre el verso político de izquierda

Durante una campaña electoral los candidatos prometen bajar la Luna a los pies de los electores. Inclusive los que enfatizan “no engañar al pueblo”, terminan sumidos en la vorágine de las promesas gratuitas. El candidato Humala –quien desde un inicio marcó distancia con los ‘políticos tradicionales’– no fue ajeno a caminar por las tramposas arenas movedizas de la demagogia. Ahora, más bien parco, durante la primera mitad del año vendió la idea de una “gran transformación” y que se basaba en dos pilares: inclusión social y lucha anticorrupción. Ofreció un gobierno que produjera políticas para los excluidos (económicos y políticos) y una administración ejemplar en materia de honestidad pública, “sin otorongos” y sin negocios por debajo de la mesa.

Si veinte años no es nada, cien días mucho menos. Sin embargo, la denuncia periodística sobre el presunto tráfico de influencias de nuestro segundo vicepresidente y representante de los descamisados, Omar Chehade, y el desvelamiento de los prontuarios de algunos parlamentarios del oficialismo, hacen temer un mar de desilusiones políticas. Salvo que el Gobierno emplace a sus integrantes a “caminar derecho”, pese a que a la mayoría les encante irse por la zurda. Si a ello le sumamos una gestión que, por la composición de puestos claves en el Ejecutivo, ha optado por una línea de centro (y no por una de izquierda estatista que prometía en campaña), parece que Humala será uno más de nuestros presidentes que termina gobernando, traicionando las plataformas con las que fueron elegidos.

Hasta el nombramiento de respetados técnicos (aunque sin experiencia política) en ministerios da cuenta de que la propuesta de Humala no se aleja para nada de lo viejo conocido: un Gobierno sin estructura ni partido que ordene las carreras políticas y que genere disciplina al interior del oficialismo, y que se guía excesivamente en la confianza interpersonal a primera vista (“me cae bien, puede ser ministra”) para construir una burocracia estatal. En términos concretos, la política bajo el gobierno de Humala va por la línea de mantener los ingredientes de la última década: alto nivel de personalismo y falta de disciplina política.

¿Acaso Toledo no invitó a profesionales honestos de los mismos ‘think tanks’, precisamente porque sus cuadros al interior de PP no daban la talla? ¿Acaso García no tuvo que buscar fuera de su trajinado partido soportes claves que le resolvieran los apuros con gran tecnicismo, pero con cero responsabilidad política por sus actos? Por lo que hemos visto en los últimos años, el profesional independiente (sí, usted viceministro) no tiene el chip del ‘responsiveness’ político, no tiene compromiso con el proyecto que llegó al poder, y cuando las papas queman, terminan volviendo a sus consultorías y se quedan con el consuelo de “se hizo lo que se pudo”. Quien intentó involucrarse más políticamente fue Mercedes Aráoz, y ya saben lo que le pasó.

No vemos indicios de que el Gobierno de Humala transforme lo que verdaderamente importa. Tener ministros a quienes puedas tutear públicamente no es el cambio que requiere el país. Tampoco vamos a ser ilusos de creer que tiene la varita mágica de emprender una “revolución de las pequeñas cosas”. Su responsabilidad de cambio es generar más estructuras que ordenen la política y menos personalismo. Luego de la poesía electoral, solo hemos tenido haikus vía Twitter desde la influyente ‘primera poetisa de la nación’. Como si desconocieran que en política las palabras no se las lleva el viento, sino que regresan como poderosos búmeran cuando menos esperan los poetas.

Publicado en Correo Semanal, 27 de Octubre del 2011

El indignado confundido

Sobre las protestas en Wall Street y su repercusión en el Perú


Un fantasma recorre el mundo. El fantasma de la indignación. Desde la Primavera árabe hasta el Otoño gringo, pasando por la Puerta del Sol de Madrid, hasta los “pingüinos” ya grandecitos de Chile. Cualquier paro, marcha, “flashmob” es interpretado bajo esta consigna. En este contexto, la convocatoria de Occupy Wall Street (OWS) llegó a Lima generando expectativas, aliados y detractores. ¿Cómo analizamos esta ola de protestas autodenominada “Revolución global”?

Primero centrémonos en el enmarcado de las movilizaciones. OWS es una protesta que ataca al sistema de relaciones económicas que ha dejado de funcionar. Cuestiona la brecha entre representación política y distribución de la riqueza. En el Perú somos precursores en el uso del término “indignación”. Pero la motivación de OWS no nace porque el chofer de Humala se sube a una vereda o porque Mocha no renuncia. No es la indignación clasemediera desde el Café Gianfranco. Los reclamos de OWS están más cerca al Moqueguazo que a las “intervenciones en la realidad” (sic) de los “hipsters” de ciencias sociales. Solo que los primeros son etiquetados como Perros del Hortelano, y los otros como Indignados.

En segundo lugar, se exagera cuando se refiere a su presunta novedad. Al tener la dificultad de plantear plataformas de lucha con políticas concisas, y con una configuración cambiante de seguidores dentro de los Estados Unidos (imagínense fuera de él), la internacionalización de OWS fácilmente se difumina entre las prédicas antisistémicas de siempre. Solo basta ver quiénes acudieron a la Plaza San Martín el #15OCT: Alfa y Omega, Patria Roja, anarquistas de toda la vida y medioambientalistas antimineros. Indignados con “palestinas” en el cuello, los menos.

Del mismo modo se sobreestima la utilidad del uso de las “nuevas tecnologías”. Eduardo Villanueva (secundado por sus followers) afirma que no se hubiera podido adoptar una narrativa global “de indignación” sin el uso de los medios sociales. Para empezar, dudo que se trate de una narrativa homogénea. Más bien no sé si por ignorancia o por desinformar premeditadamente, algunos periodistas quieren vender las luchas por democratización en Arabia como parte del mismo fenómeno que el OWS. Ahora, la historia está repleta de ejemplos de movilizaciones que generaron rápidamente “efectos de contagio”: las guerras de independencia en América Latina y la expansión de la insurgencia guerrillera, solo dos casos, se hicieron en tiempos de palomas mensajeras que no trinaban. Se pintan gorriones en el aire con la cantaleta de la inmediatez de la globalización.

Además, se calla sobre el poder desmovilizador de las redes sociales. Twitter y Facebook también pueden generar incentivos para la pasividad ya que dan la sensación de la participación al alcance de un click, pero, si no hay razón de fondo, no involucra. Por el contrario, produce una perversa “división del trabajo” que segrega y discrimina, en el que el “ciudadano global” convoca indignado desde su laptop en un Starbucks y el anarquista resentido sale a Jr. Quilca a seguirle echando la culpa de todo a Alan García.

El resultado es un indignado confundido: desde comunistas de la vieja guardia hasta Camilas de Pando, salen a protestar (real o virtualmente) sin saber bien por qué. En medio de la plaza o frente al monitor, olvidan que Humala está en el poder y en el fondo temen darse cuenta que no ganaron las elecciones sino que votaron por una promesa de cambio casi inverosímil. Solo les queda mirar al Smartphone y sentirse más tontos que nunca.

Publicado en Correo Semanal, 20 de Octubre del 2011.

Crédito del video: Alvaro Corzo reportando desde NY.

Los "muchachitos del ayer" llegaron a Palacio

Sobre los intelectuales orgánicos de izquierda hoy en el Gobierno

No es casual que los primeros embates contra el gabinete Lerner hayan tomado como blanco preferido a Rafael Roncagliolo y a Aída García-Naranjo, los más ‘políticos’ del elenco ministerial. Sus equivocaciones –la mayoría producto de exabruptos o falta de gestos apropiados– se han convertido en los catalizadores de la furia opositora, que se la tenían jurada a estas figuras trajinadas de la izquierda. Un lejano pasado velasquista –reconocido por el propio canciller como “un error”– y la inseparable camaradería con Javier Diez Canseco –en el caso de la segunda— terminan pasando factura a estos miembros del consejo ministerial. La experiencia política –valor necesario al momento de asumir cargos de tamaña responsabilidad– tiene también efectos contraproducentes: genera anticuerpos, activa añejas riñas y permite sacar a la superficie política viejos fantasmas.

La conformación del gabinete Lerner generó confianza en la opinión pública, inclusive entre los más conservadores que se tranquilizaron con Castilla en el MEF y Velarde en el BCR, con el predominio de independientes en la mayoría de carteras y con la relegación de los más polémicos (Carlos Tapia, Félix Jiménez) en asesorías presidenciales, lejanos de la administración directa de cargos públicos. Pero era inevitable que la intelectualidad zurda –la misma autora de “con pobreza no hay democracia” y del ‘hit’ “vivimos un momento constituyente”– tenga presencia en el Gobierno y busque ganar su propio terreno. Ver a Tapia entrando a Palacio como en su casa despierta sensaciones que van entre la ternura y la justicia social. Articulados inicialmente en Ciudadanos para el Cambio, ahora aportan rollo al Ejecutivo (el Legislativo es territorio de los del Partido Nacionalista, liderados por Abugattás), pero a costa de: inexperiencia en la gestión estatal, dificultad para aterrizar las elucubraciones gramscianas a políticas puntuales y falta de reflejos políticos debido a tres décadas bajo el ritmo del bolero no gubernamental.

La llegada al poder de ‘intelectuales del desarrollo’ (que ven pobres en vez de ciudadanos) es tan sorpresiva como experimental, y va a permitir demostrar si están a la altura no solo del sueño hecho realidad, sino de ser críticos al ‘sistema’ desde dentro de él. Por otro lado, tampoco es casual que cada vez que tuvieron acceso al poder fuese colaborando con un militar, con una dictadura ‘progresista’ primero, y a través del atajo de un ‘outsider’ salido de los cuarteles, después. La imposibilidad de un proyecto propio puede ser utilizada de justificación cuando haya que hacer el balance, pero también es la prueba de que no pudieron producir dentro de sus canteras a líderes de arrastre popular, como sí lo hicieran el aprismo y hasta el acciopopulismo.

Para mi generación, que tuvo como maestros a los intelectuales del humalismo, es realmente un alivio la oportunidad que la volatilidad electoral les dio. Cuando parecía que iban a pasar al retiro sin pasar por Palacio, los treintones estábamos condenados a heredar la frustración del intelectual orgánico. Para los que elegimos estudiar la política sin querer practicarla ni meter contrabando politiquero, se nos quita un gran peso de encima: ya no se nos juzgará por no terminar lo que empezaron nuestros mentores. Al final de la jornada podremos analizar con compromiso profesional el desempeño de los “muchachitos del ayer” en su inesperada primavera política. Es decir si es que “inclusión social” tuvo o no el mismo valor de verdad que “el Perú avanza”.

Publicado en Correo Semanal 13 de Octubre del 2011

Estar Lejos

Sobre las distancias sociales y su relevancia política a propósito del caso Walter Oyarce

La familia Oyarce está cerca. Vive en San Borja. Su hijo, fanático aliancista, fue asesinado de una manera condenable e injustificable. Es uno más de los cientos que han muerto a causa de la violencia en el fútbol. Su muerte ha despertado la indignación nacional. El padre de la víctima es admirado por la forma como lleva el luto. A Walter le van a hacer un monumento entre Ate y La Molina, ahí donde se impone una reja que separa gustos sociales distintos. El caso ha generado comisiones investigadoras, gestiones judiciales y policiales de una velocidad inédita.

Aldo Miyashiro está muy cerca. Demasiado. Ha sido barrista de Trinchera Norte por años y, como cualquiera que se ha quitado el polo en una tribuna, entrelazó amistades con un mundo considerado lumpen para el "establishment". Su cercanía con los barrabravas lo descalifica, dicen sus críticos. Paga la “falta” de no delatar a sus fuentes periodísticas (¿Acaso quien entrevista a Artemio es cómplice del terrorismo?), pero en el fondo me parece que se le juzga por tener amigos de “mal gusto”, socialmente “incorrectos”.

El Ministro del Interior Oscar Valdés está cerca, pero a la vez lejos. Su primera reacción fue proponer un intercambio de camisetas entre jugadores de equipos rivales como (una) solución a la violencia en los estadios. Es más fácil echarle la culpa a la mediocre dirigencia del deporte más popular que proponer políticas concretas en materia de seguridad pública. Es más fácil poner los micrófonos a los científicos sociales “culturosos” que han gastado rollos en tratar al barrista como “el otro”, que enmendar la debilidad de un Estado para proteger a sus ciudadanos. Llevar el problema al ámbito de los valores o de lo simbólico, solo producirá campañas ingenuas y paternalistas del tipo "Adopta a un barrabrava". Menos psicoanálisis de masas y más políticas públicas, por favor.

José Luis Vilcapuma está en el más allá. Es uno de los 40 trabajadores de construcciones que ha muerto en lo que va del año por negligencias en los estándares de seguridad. En pleno corazón de Miraflores no se cumplen con las reglas de protección para estos obreros. Sus dirigentes sindicales están más preocupados en dar declaraciones políticas a favor del Gobierno, que en evitar más pérdidas humanas. El hecho apenas aparece de relleno en los noticieros amarillos. Al día siguiente nadie lo comenta en el Café Gianfranco o en la sala de periódicos de tu ONG favorita. Pero una familia en la Lima marginal llora su desaparición. Ya no existe. Y casi no existió para la prensa. El también es invisible.

¿Por qué las familias de obreros de construcción civil o de niños campesinos envenenados con alimentos distribuidos por el propio gobierno no generan los mismos aspavientos de indignación y gritos de justicia de las autoridades, de la prensa y de los regentes de la conciencia nacional? ¿Qué tiene el padre de Walter Oyarce, de Ciro Castillo Rojo o de Ivo Dutra que no tenga el padre del Mayor Bazán desaparecido en el Baguazo? Paradójicamente, si se hace justicia en el caso de Oyarce, de algún modo se hará injusticia con todos los casos postergados. Estar lejos, socialmente, de los que influyen y sustentan la política y la opinión pública agudiza la impunidad, pero sobre todo, cultiva el resentimiento de los que cínicamente llaman “ciudadanos de a pie”. Estar lejos, ofende.

Publicado en Correo Semanal, 6 de Octubre del 2011.

A golpes aprendí

Rafael Correa y las lecciones para salir victorioso de un "golpe de Estado"

“Es el día más triste de mi vida y de mi gobierno”
Rafael Correa, 30 de Setiembre del 2010

Jueves 30 de Setiembre en Quito. 10:15 am. Piso 8 de FLACSO. El principal centro de ciencias sociales del país. Simón Pachano, gran politólogo y mejor amigo, irrumpe en la oficina para darme una noticia que sabe a desconsuelo: “Compañero, podría estar cayendo el gobierno en este momento”. Lo dice, pese al desaliento de su voz, con una tranquilidad que asombra, como si se tratara ya casi de un ritual. Caigo en cuenta de que en Ecuador lo es. En los últimos quince años, ningún Presidente elegido democráticamente en este país ha logrado culminar su mandato. En 1997, los partidos políticos tradicionales aprovecharon el clima de protesta social y, en el Congreso, destituyeron a Abdalá Bucaram con el argumento de incapacidad mental, seis meses después de haber jurado al cargo de Presidente de la República. En el 2000, la permanente protesta del movimiento indígena ecuatoriano terminó creando una situación de desgobierno que fue utilizada por un grupo de coroneles del Ejército (entre ellos Lucio Gutiérrez) para derrocar al elegido Jamil Mahuad, a año y medio del inicio de su mandato. En abril del 2005, las clases media quiteñas tomaron las calles de la capital bajo la identidad de “forajidos” (como el entonces presidente Lucio Gutiérrez los había catalogado) desalojando del poder al entonces mandatario quien tuvo que refugiarse en la embajada de Brasil, país en el que fuera acogido con asilo político. En 15 años, Ecuador ha tenido 4 presidentes electos, 4 presidentes interinos, 2 juntas de gobierno, y 3 constituciones políticas. Luego de tamaña inestabilidad política, tanto ciudadanos como gobernantes se vuelven expertos en derrocamientos de gobierno, y cuando parece que hay uno en ciernes –como aquella mañana soleada de setiembre--, todos saben qué hacer para culminarlo, para evitarlo, o simplemente para estar a salvo.

El radical eres tú

¿Y si Aduviri tuviera razón?

Al inicio de la campaña electoral de 2011, Ollanta Humala era considerado por muchos un candidato “radical”. Su posición a favor de un cambio profundo en el modelo económico y político lo hacía aparecer como un líder con posiciones extremas. Una vez conquistado su electorado “extremista” (y ante la ausencia de competencia en esa esquina del espectro) buscó nuevos adeptos al medio, lo cual explica, entre otros factores, su triunfo. Sin embargo, ello no significa que el electorado radical haya desaparecido. Por el contrario, sigue ahí esperando ver satisfechas las expectativas que despertó el actual presidente.

La semana pasada estuve en Puno entrevistando a dirigentes sociales y autoridades locales. Esta región tiene todos los elementos para incubar una cultura política contestataria: economía informal creciente (desde contrabando hasta narcotráfico, pasando por la minería informal), tradición política radical, identidades colectivas (indígena) ‘movilizables’ y liderazgos con capacidad de articular oposiciones, aunque lejos de construir una representación sostenible como proyecto político. Las cabezas del “movimiento social” apenas sobreviven una estación. Walter Aduviri, el más conspicuo de ellos, deja en estos días su cargo de presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, en medio de disputas internas. Pero ello no necesariamente significa el fin de su carrera.

En política no hay vacíos. Y si los partidos nacionales no tienen presencia en espacios regionales como Puno, se abre campo para aquellos como Aduviri que sean capaces de hacer trabajo político. No lidera una organización cohesionada, pero tiene un discurso que cala en medio de tanta insatisfacción. “Humala tiene el gobierno, pero no tiene el poder”. Así resume su posición frente al actual mandatario. “Yo solo defiendo los intereses de mis hermanos y por eso me dicen radical”, continúa. Las plataformas de lucha –tiene razón– son finalmente la articulación de los intereses que defienden los locales, en este caso el derecho sobre sus tierras. Bajo esta lógica, tan radical y extremista son también las posiciones de empresarios y élites mineras que por ejemplo sostienen la sinrazón de que las comunidades indígenas fueron “inventadas por Velasco” (Roque Benavides dixit), desconociendo así la historia y la sociedad fuera del alcance de los Starbucks.

La principal diferencia es que los radicales de izquierda hacen trabajo político en las bases y en los bloqueos, mientras que el radicalismo empresarial en el lobby de altas esferas. Pero también que los primeros pueden asociarse con facilidad para la destrucción de la democracia. El Movadef (Movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales), conformado por ex reos que cumplieron condena por terrorismo, tienen una presencia intensa en algunas comunidades puneñas.

Si a ello le sumamos sus brazos estudiantiles en las universidades nacionales de la zona, su cercanía con el etnocacerismo (una combinación de discurso clasista con indigenista ‘new age’) y la impronta de Aduviri en el movimiento social puneño, el abrazo entre éste y Antauro Humala tiene mucho sentido. Hasta el momento, el Presidente Humala ha logrado incorporar medianamente bien a los radicales empresariales (la negociación del gravamen minero es el mejor ejemplo). Pero de él también depende bajar la intensidad del extremista antisistema y evitar que la violencia vuelva a convertirse en una alternativa política. Evitar que Puno sea el Ayacucho del nuevo siglo.

Publicado en Correo Semanal, 29 de Setiembre del 2011.

¿Y dónde está el Estado? 2 1/2

De qué hablamos cuando hablamos de “más Estado”.

Desconfíe, estimado lector, de los analistas que terminan cada pregunta incómoda con la respuesta: “es que no hay Estado”. Desde las grandes luminarias de nuestras ciencias sociales hasta los analistas post-Tanaka (término acuñado por Gonzalo Zegarra para referirse a los politólogos calichines), hemos terminado refugiándonos en esa afirmación que más que respuesta suena a mea culpa generalizado. Guillermo O’Donnell acierta cuando describe esta aparente evanescencia: “El Estado está en todas partes y en ninguna a la vez”. Para la mayoría, el Estado es puentes y carreteras. Los nacionalistas con botas tienden a pensar que se trata simplemente de presencia militar. Para los menos, es Estado de derecho. Entre éstos, las feministas reivindican Estado como justicia a una mujer violentada, por ejemplo. Para los zurdos, se trata de Estado de bienestar. Para los diestros (en los negocios), reglas de juego casi siempre convenientes para sus intereses. El Estado puede ser lo que Ud. quiera, por eso mismo todos jalan para su lado.

El Presidente Ollanta Humala recientemente confesó su incomodidad como “jefe de Estado”: “Hemos heredado un Estado que no está alineado con lo que queremos hacer y por eso nos cuesta dar cada paso”. En términos concretos, se plantea dos alternativas para el desafío: mantener lo que hay pero hacer modificaciones ligeras que tengan un impacto a largo plazo o ejecutar una reforma de raíz que, digamos, nos lleve a una Asamblea Constituyente. Hasta el momento, a pesar de los ecos de la campaña electoral, Humala parece haber asumido la primera vía, que es algo así como piloto profesional manejando una combi vieja. Si el Estado es el problema, modificaciones cosméticas no llevan a ninguna parte. El otro camino es tortuoso y traumático, pero sobre todo requiere de un apoyo social inexistente (piénsese en Bolivia donde la demanda constitucional tenía el 80% de respaldo) y de un proyecto político de acuerdo con ese pedido de cambio radical. ¿Existe un justo medio?

En una de sus intervenciones radiales, Patricia del Rio precisaba, a partir de las declaraciones presidenciales citadas, la diferenciación entre una mayor presencia estatal y un Estado fuerte. Dependiendo como se interprete la “fortaleza estatal”, se puede derivar en un Estado militarizado o autoritario. Durante el conflicto interno, Fujimori recuperó (sic) la presencia estatal a punta de “estados de emergencia”, donde los militares ejercieron la autoridad estatal por encima de los civiles incluso muchos años después de haber cesado la amenaza subversiva. Un Estado militarizado no es necesariamente más fuerte, pero sí más autoritario.

La “ausencia de Estado” se discute aisladamente. No se pone en el tapete que el fortalecimiento estatal supone una interrelación estrecha entre ciudadanía y democracia. Cualquier estrategia de profundización del Estado debe partir de garantizar los derechos ciudadanos que legitiman las reglas de juego democráticas. Si se conciben “pobres” en vez de ciudadanos, tendremos un Estado clientelar; si se piensa “Estado fuerte” sin garantía de derechos, tendremos un Estado autoritario. La fórmula anterior (elogiada por el fujimorismo y sus admiradores) es una vieja y nefasta receta populista y de mano dura. No hay “más Estado”, sin ciudadanos ni sin Democracia. Recuérdelo la próxima vez que escuche este rollo.

Publicado en Correo Semanal, el 22 de Setiembre del 2011.

Oposición sin partidos

Los analistas “independientes” como oposición al oficialismo

No hay democracia sin oposición. Sin un sector político que equilibre los ímpetus oficialistas, que haga preguntas incómodas, que modere los excesos del poder sobre todo cuando las tentaciones autoritarias acechan la política peruana desde hace mucho tiempo. La oposición representa a los discordantes, a las dudas razonables, a los que no siguen el tono de las mayorías. Pero, ¿qué sucede cuando no existe una oposición organizada presta a discutir constructivamente las iniciativas del Gobierno? ¿Cuáles son los riesgos de la ausencia de una oposición sin capacidad de ponerle al Gobierno otras alternativas al curso político que plantea? ¿Qué pasa cuando no solo no hay partidos, sino cuando no hay partidos de oposición?

El inicio del gobierno de Ollanta Humala ha agarrado sin piso a quienes deberían ocupar los roles de antagonistas. El fujimorismo se abstiene o calla estratégicamente en temas en los que no le conviene levantar polvareda (la libertad de Antauro Humala). Mientras no se toque severamente el modelo económico, la derecha se queda tranquila. En temas especializados simplemente parecen no tener siquiera un punto de vista definido. Las críticas se reducen a cuestionar nombramientos o a hacer bulla sobre iniciativas de las que podrían sacar provecho propio (como el Pleno Descentralizado en Ica). Pero ya que en política no hay vacios, estos terminan siempre siendo llenados. Es así como periodistas y analistas pasan de simples comentaristas de la realidad a activos protagonistas del devenir político. Las consecuencias, evidentemente, son perjudiciales por más que vengan con buenas intenciones.

El debate en torno a la erradicación de los cultivos ilegales de coca es un claro ejemplo del poder que terminan teniendo algunos opinantes. La “oposición” en este tema ha recaído en los embates que Fernando Rospigliosi y Jaime Antezana han procurado sobre cada paso (algunos en falso) del oficialismo. ¿Cuál es la legitimidad política que pueden tener los argumentos de estos especialistas en materia de seguridad? ¿Por qué un experto “independiente” tendría que pasar a tener un rol más activo y ponerse frente al Gobierno a reclamarle cara a cara sus medidas? Para algunos se trataría de ser simplemente coherentes con sus propios principios, para otros sería el resultado de años de consultorías bien pagadas que engordan sus billeteras. Para el punto que propongo, estas razones no importan centralmente. El tema de fondo es la representatividad y la legitimidad de estas voces. ¿Por qué no canalizan sus válidas posiciones a través de representación política? Al ser sus motivaciones poco transparentes, terminan levantando sospechas sobre el origen de sus argumentos, debilitando lo que podrían ser legítimas propuestas.

Existen muchos analistas que inundan las pantallas y las páginas políticas con posiciones que maquillan como argumentos neutrales e independientes, cuando en realidad obedecen a intereses más mundanos. ¿Usted sabe cuántos ‘caseritos’ de los programas políticos que usted consume son además consultores privados de políticos, reciben desde hace años sueldos del Estado (por ejemplo, como asesores de entes reguladores), o pertenecen a consejos consultivos de sectores estratégicos del Gobierno? No hay problema que lo sean, pero sí que no lo digan al momento de vendernos su gran aporte a la comprensión de la realidad nacional. Si fuera así, sabremos con qué pie patea, y el ciudadano podría evaluar con mejores elementos el “análisis” que consume.

Publicado en Correo Semanal, 15 de Setiembre del 2011.

¿Un Congreso sin otorongos?

Un alegato a favor de las sesiones del Pleno descentralizadas

La actual Mesa Directiva del Congreso ha tomado la iniciativa de realizar, al menos de manera piloto, sesiones descentralizadas del pleno del Legislativo y llevar por dos días a los 130 congresistas a Ica. Esta decisión ha sido cuestionada mayoritariamente, no solo por la oposición, sino sobre todo por los medios de comunicación, que la han catalogado como “populista” e “inútil”. Se han señalado los gastos excesivos que esto implicaría, también, que bastaría con una mayor presencia de los parlamentarios de dicha región, o que una visita de este tipo podría ser contraproducente al crear falsas expectativas. Los más inteligentes temen que este tipo de prácticas exacerben la democracia participativa y convierta el contacto directo con la gente en una justificación para debilitar aún más la institucionalidad del país. En otras palabras, le ha caído con palo de todos lados. Sin embargo, se va a llevar adelante más por la terquedad de su promotor, Daniel Abugattás, que por consenso.

El Congreso de la República es una de las instituciones con menor prestigio del país. Para ser francos, lo es en la mayoría de países latinoamericanos. El estereotipo del congresista limita su imagen, en el mejor de los casos, a la de un político con poca capacidad de ofrecer bienes concretos a la gente, o simplemente en un ‘comechado’ que vive a costa del erario nacional.

Los escándalos en los que algunos parlamentarios se han visto envueltos han mermado aún más su reputación. De hecho, los medios de comunicación explotan sus faltas y las convierten en portadas amarillas, la mayoría de las veces sin distinguir entre los inquilinos de los escaños y la institución en sí. Se castiga a un congresista ‘comepollo’, pero no se reivindica el mérito de una ley trascendental como la de consulta previa. De cualquier manera, estamos ante una imagen en crisis, y antes que continuar con el apanado público, deberíamos preguntarnos si es posible un Congreso sin ‘otorongos’.

Tenemos que partir de la premisa de que los parlamentarios actuales sufren de una débil representatividad. Al no haber ni partidos ni organizaciones intermedias vigentes, no hay canales por los cuales los congresistas sintonicen con las demandas de su electorado. Cualquier intento de acercar el Congreso a la gente sirve, tanto en el aspecto de canalización de demandas (la ciudadanía local puede aprovechar esta oportunidad para agregar sus intereses y dialogar colectivamente con los representantes) como en el lado más simbólico (para muchos será la primera vez en que podrán, al menos, sentirse reconocidos por la visita de los ‘padres de la patria’).

Los plenos descentralizados tienen en teoría una doble virtud: combinan la representación con la relación directa con la ciudadanía –buscando legitimar lo primero con lo segundo– y de ser un acercamiento institucional y conjunto, tanto del oficialismo como de la oposición. El potencial de esta herramienta debe ser acompañado por congresistas que no solo estén a la altura del encargo, sino que hagan causa común contra el desprestigio institucional que sufren. La idea es buscar salidas de fondo y no perdernos en críticas secundarias ni descalificaciones a priori tan común en demócratas-dedo-meñique. Insistir en el descrédito –tan alegremente– contribuye, en el largo plazo, a la justificación de su cierre. Y eso no queremos otra vez, ¿no?

Publicado en Correo Semanal, 8 de Setiembre del 2011.

La pequeña "gran" transformación

El primer análisis de un gobierno que recién empieza

El jueves 25, Salomón Lerner Ghitis presentó ante el primer poder del Estado la política general del Gobierno de Ollanta Humala y las principales medidas de gestión para solicitar el voto de confianza. El discurso ha sido aplaudido por diversos sectores, tanto por escépticos como por seguidores, y solo el fujimorismo ha puesto de manifiesto su incredulidad a través de la abstención. Omisiones claves como el debate constitucional sobre la posible vuelta a la Carta de 1979 y planteamientos sobre el régimen económico son interpretadas dependiendo del humor de los opositores: como un signo de continuidad para los optimistas, o como un silencio preocupante para los más temerosos.

El primer mes de gobierno y los gestos iniciales dan cuenta de que la “gran transformación” prometida podría seguir la receta brasileña: mantener el modelo económico (se sabe de los altos costos que implicaría una modificación severa de las políticas de estabilidad macroeconómica) y buscar en el limbo entre neoliberales y estatistas su paraíso político. No cambiará las estructuras, pero sí todo lo que sea posible hacer dentro del corsé impuesto por los intereses empresariales (que transitan entre la defensa y el miedo) y las altas expectativas sociales (que viven entre la demanda y la esperanza).

La salida parece ser una vuelta al control estatal. Una reforma del Estado que implique un nuevo diseño territorial (con macrorregiones), con nuevas “relaciones con la sociedad” (Ministerio de Inclusión Social), y que dé marcha atrás a procesos de descentralización sectoriales (fin de la municipalización de la educación). La propuesta más audaz es “desprivatizar” (sic) áreas estratégicas, incluir a ElectroPerú como socio en hidroeléctricas y promover una marina mercante y una línea aérea de bandera. Una suerte de nacionalismo jugado al borde del reglamento, pero que ninguna otra alternativa política se hubiese atrevido siquiera a balbucear. El riesgo es que por controlar el Estado, se centralice; que por acelerar la marcha, se aplique reversa.

Humala parece suplir la ausencia de partido con cuadros militares leales a la “hoja de ruta” de Adrián Villafuerte. Entiende la penetración territorial del Estado como la necesidad de poner al Ejército a construir carreteras (inserte aquí flashbacks a Fujimori). Como si la única forma que existe para hacerlo sea con uniformes verdes. Las políticas en materia de seguridad (como la propuesta de una Ley de Servicio Policial Voluntario) forman parte del lado de la luna humalista que menos conocemos, más cerca de los reservistas que de los intelectuales-embajadores.

La verdadera transformación, al menos hasta ahora, viene por el lado de la relación con la gente. A nivel institucional, la Ley de Consulta Previa marca un inicio promisorio. A nivel de su estilo escueto personal, Humala busca inventarse como un presidente que compensa su lejanía de las cámaras cuando se baja del estrado oficial para preguntarle a la gente por sus chacras y ganado (como se vio en las actividades del aniversario de Arequipa). Si logra acompañar sus incursiones con programas sociales efectivos (cuenta con una caja adicional producto de sus exitosas negociaciones con los mineros), ya hará la diferencia con respecto a la última década durante la cual si se tomaba un avión para salir de Palacio, era para ir a Punta Sal.

Publicado en Correo Semanal, 01 de Setiembre del 2011.