Los Mil Días de García (o Cómo terminar de una vez por todas con los análisis de coyuntura)

Debo confesar que le tengo reticencias a los análisis de coyunturas. Me resultan antojadizos, tendenciosos, inflados por los titulares de los periódicos (últimamente por los bloggers), por los escandaletes del momento. Creo que el politólogo o el analista serio tiene poco qué decir si la aprobación presidencial sube 2% de un mes para el otro (simplemente podría ser error muestral), si ha salido un nuevo petro-audio, o si Leslie Suárez se ha montado encima del pabellón nacional. La coyuntura me parece más afín para los periodistas o para los analistas light que interpretan los hechos con hipótesis sacadas como conejos de sombrero de mago (léase alianza apro-fujimorista, Donayre como el Humala postmoderno, Simon como “tonto útil”). Analizar coyunturas es muy arriesgado, precisamente porque no hay marcos que ordenen la información y permitan una interpretación objetiva y convincente. Aunque quizás mi rechazo al análisis de las coyunturas, se deba a mi incapacidad de hacerlo.

Hace unos meses, me pidieron hacer un balance de siete mil palabras de la “coyuntura política, económica y social” del Perú durante el 2008, texto que saldrá publicado a mediados de año en una revista académica chilena. Con uno de los recientes egresados de ciencia política de la Católica, el “Bac.” Carlos León (¿A quién le importa si es bachiller, licenciado o saco diploma de buena conducta en el colegio?), decidimos asumir la tarea. El texto se encuentra en su etapa de edición, y cuando esté publicado lo haré saber. Pero ya que estamos en período de balances (ahora el huachafo pretexto son los mil días de gobierno), les comparto el resumen del texto. Júzguelo Usted mismo, estimado lector.

Perú 2008: El juego de ajedrez de la gobernabilidad en partidas simultáneas

Carlos Meléndez y Carlos León

No es ningún secreto que el desarrollo socioeconómico puede desestabilizar sistemas políticos, si aquél no viene acompañado de un desarrollo institucional (Huntington, 1968). El crecimiento económico sostenido que el Perú viene atravesando desde casi una década no delinea un camino exento de obstáculos. Todo lo contrario. En un contexto de bajos niveles de institucionalidad (Mainwaring, 2006), con un sistema democrático “sin partidos” (Tanaka, 2006) y sin estructuras efectivas de mediación política (Meléndez, 2004), la conflictividad social, aunque fragmentada, amenaza con desbordar y poner en jaque la gobernabilidad del país. Cualquier gobierno peruano (quizás cualquiera latinoamericano) enfrenta dos tipos de actores con poder de veto (veto players de acuerdo con Tsebelis, 2002) con retos y características distintas (Gonzáles-Ocantos y Meléndez, 2008). Por un lado, tenemos a los actores institucionales (Legislativo, gobiernos sub-nacionales, oposición política) cuya estrategia política persigue ganar legitimidad; pero que se mueven en un contexto de fragilidad institucionalidad y creciente desprestigio ante la opinión pública. Por otro lado tenemos una oposición “social” (con mayor poder de veto que la política), que ha desbordado a los intermediarios tradicionales que tienen los mismos problemas de intermediación que los partidos (sindicatos, frentes regionales), y se muestra más fragmentada, particularista, y coyuntural, pero paradójicamente con una alta capacidad de movilización.

Durante de lo que va su segundo gobierno (2006-2008), Alan García ha buscado neutralizar las amenazas de gobernabilidad que se sostienen en las dos dimensiones señaladas. La descripción de la dinámica política en el 2008 (y de lo que va del gobierno) demuestra que la estrategia de García ante los actores institucionales ha sido la de compartir y delegar responsabilidades políticas al Congreso y a los gobiernos regionales, arrogándose la exclusividad de los aciertos (crecimiento económico) y tomando ventaja del desprestigio de los otros poderes en los errores del gobierno (“El Congreso es ineficiente, muy lento”). Con respecto al clima de conflictividad social, su estrategia ha consistido en devolver paulatinamente al primer plano a un actor con poder de veto tradicional en la política latinoamericana: los militares. Ante la imposibilidad de establecer mecanismos de redistribución social (por ausencia de recursos, ineficiencia burocrática y riesgos de corrupción); el gobierno viene endureciendo las medidas represoras ante la movilización social y fortaleciendo la legitimidad de las Fuerzas Armadas. Cualquier tipo de organización social que pudiera facilitar la movilización social es rápidamente reprimida (desde ONG hasta las “Casas ALBA”). Más allá de que si el gobierno de García es de derecha o no, se evidencia una preocupación intensa por mantener el orden social y político, a toda costa. El crecimiento ha revitalizado estrategias autoritarias de control social que es lo que genera la “derechización” del régimen. Sin embargo, estas estrategias se llevan a cabo en escenarios de fragilidad institucional y baja intensidad del apoyo popular. Lejanos los días de la construcción de autoritarismos burocratizados (O’Donnell, 1973), la estrategia de García para evitar la inestabilidad política se basa en un juego de ajedrez en partidas simultáneas.

Conclusiones
La sensación de “derechización” del régimen no proviene exclusivamente del esquema económico que sigue el gobierno, sino de su estrategia de control social para alcanzar mínimos equilibrios de gobernabilidad. Consideramos que en el corto plazo, logra sus objetivos. Hacia la mitad de su gestión, el gobierno de Alejandro Toledo amenazaba con desplomarse, al punto que muchos sectores, incluyendo el diario El Comercio, propusieron que “diera un paso al costado”. Las condiciones coyunturales no han cambiado mucho en el actual escenario: la paradoja de crecimiento económico y conflictividad social se mantiene, y el APRA como partido mediador entre el sistema político y la sociedad no ha hecho diferencia. El equilibrio de baja intensidad que ha logrado García se debe a que juega hábilmente en los dos tableros de la gobernabilidad del país. En el plano institucional, conoce las debilidades de sus interlocutores. Controla el suministro de recursos con los gobiernos regionales, y apela a la baja popularidad y fragmentación del Congreso para buscar la luz verde a sus decretos legislativos. En el plano de la conflictividad social es donde encuentra más obstáculos dada la imposibilidad de agregar los intereses particulares en juego, lo que le lleve a recurrir a un endurecimiento de la represión institucionalizada a través de un creciente protagonismo de las fuerzas armadas, y de la represión a actores (ONGs) que podrían facilitar la articulación y organización de las demandas que evidencian los conflictos.

Sin embargo, éstas son salidas transitorias que finalmente podrán gestar condiciones temporales de gobernabilidad, pero postergan procesos necesarios para el fortalecimiento de la democracia en el país, como son el fortalecimiento de la institucionalidad política (la credibilidad del Poder Legislativo y la eficiencia de los gobiernos regionales) y la agregación ordenada de demandas sociales a través de expresiones orgánicas de las mismas. La democracia requiere tanto un Estado como una sociedad fuertes, pero sobre todo canales que tiendan puentes entre ellos. No que los repriman. Al inicio de su segunda gestión, se pensaba que el APRA como partido podría volver a reconstruir los vínculos de intermediación política; mientras que el resultado parcial ha sido el de promover el aislamiento de ambas esferas, como una salida rápida al desgobierno. García juega a las tablas en las partidas simultáneas que hacíamos referencia como metáfora, lo cual no lo hace inmune de que la sociedad pueda patear en cualquier momento el tablero.