El Apra y los conflictos sociales

Los sentidos comunes de la sociología política indican que una de las funciones del partido político —por lo menos en términos conceptuales— es la de intermediación entre las demandas sociales y el sistema de toma de decisiones, es decir, la política. Un partido, en tanto organización estructurada y compuesta por operadores claves en todo el país, permitirá canalizar las demandas expresadas en simple insatisfacción o en conflictos movilizados a través de la institucionalidad política estatal y hallarles una solución siguiendo las reglas de juego establecidas constitucionalmente.

Muchos —entre los cuales me incluyo— explicamos el alto y atomizado nivel de conflictividad social que ha alcanzado el país, después de la caída del fujimorismo, precisamente en la ausencia de partidos políticos enraizados que cumplan estas funciones de mediación. Precisamente veíamos cómo el débil y juvenil asentamiento de Perú Posible era una desventaja en la gestión del gobierno de su líder Alejandro Toledo, ya que le impedía tener la capacidad de generar bases de gobernabilidad.

Sin embargo, de acuerdo con los datos reportados por la Defensoría del Pueblo y la síntesis de los principales conflictos sociales que van en los primeros meses del gobierno de García, constatamos que no solo el nivel de conflictividad social se mantiene alrededor de los ochenta conflictos permanentes cada mes (comparando el reporte de abril de 2007 con el del ultimo mes de gobierno de Toledo), sino que, además, existe un número tres veces más alto de conflictos activos. En otras palabras, en lo que va del segundo gobierno aprista, la presencia de un partido organizado como soporte del gobierno parece no hacer la diferencia al momento de afrontar los conflictos sociales.

Si el nivel de conflictividad prácticamente no ha variado a pesar del cambio de gobierno y de que el partido oficialista reúne, en teoría, las condiciones exigibles a un partido para que cumpla las funciones de mediación política, ¿qué falló entonces? ¿Partimos de una hipótesis incorrecta y los partidos políticos no son canales de intermediación política eficientes para intermediar demandas movilizadas o es que el APRA no cuenta con las capacidades de intermediación política requeridas en, por lo menos, las zonas de conflictividad reportadas?

De acuerdo con una selección de los conflictos sociales que han tenido mayor cobertura periodística (ver APRA para dummies, Peru Hoy, julio 2007, Desco), encontramos que la mayoría se desenvuelven en contextos rurales y alrededor de demandas sobre las cuales el partido aprista no ha desarrollado una posición clara o respecto de las cuales, cuando lo ha hecho, ha subrayado el centralismo como característica de las decisiones tomadas. ¿Cuál es la posición del APRA sobre la inversión minera y sobre la producción cocalera en el país? Cuando el gobierno ha tenido que tomar definiciones sobre estos temas —en la mayoría de los casos lidiando con su propia ambigüedad y discrepancias internas— ha prevalecido la ortodoxia, la misma que «defiende la inversión minera» y se alinea para «luchar contra el narcotráfico», cuando sabemos que los conflictos referidos superan ampliamente ese simplismo con el que el gobierno los presenta.

Evidentemente, el ceñimiento a la ortodoxia tiene sus costos, sobre todo en el ámbito local, donde el aprismo termina generando dudas y siendo percibido como impopular. Los cuadros apristas (ex cuadros o simpatizantes) que podrían cumplir con las funciones de mediación de estas demandas no cuentan con el respaldo de la organización, ni con la coherencia política como para hacerlo. El mismo gobierno les deja sin piso, sin capacidad de acción en el plano local. El mismo partido los abandona, al punto de que muchos terminan siendo sus propios opositores.

No es suficiente, entonces, con contar con una red de operadores políticos (si partimos de la premisa de que esta existe de algún modo significativo), sino que, además, debe otorgárseles los recursos necesarios para que estos «puedan operar». Y esto se agrava con la dificultad histórica que tiene el aprismo de ser un eficiente canalizador de demandas en las zonas rurales andinas y la selva, donde están focalizados los conflictos. La presunta eficiencia en la solución de algunos casos ha pasado sobre todo por las habilidades personales de algunas autoridades puntuales (especialmente del presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo), pero no de una propuesta integral del partido de gobierno. Hay incendios y pocos buenos bomberos, a los que, además, se les manda a apagarlos sin mangueras.

(tomado de: Apra para dummies, Peru Hoy, Julio-2007, Desco)

(foto: el morsa, y creo que a su vez galeria peruana en linea)